Paula Ruiz
Otro proyecto de ley se suma a los aprobados en segundo debate por el Congreso, que pretende enfrentar la crisis económica por la COVID-19. En este caso, autorizarán a los patronos a reducir la jornada ordinaria de trabajo de sus empleados.
La iniciativa aprobada este sábado durante sesión extraordinaria, se tramitó mediante el número de expediente 21.854 y fue presentada por el Gobierno el miércoles anterior en medio de la emergencia nacional.
Dentro de los aprobado se indica lo siguiente:
- La persona empleadora podrá modificar unilateralmente los contratos de trabajo para reducir hasta en un 50% el número de horas de la jornada ordinaria de trabajo pactada entre las partes.
- Lo anterior, siempre que exista una afectación por el suceso provocador que motiva la declaratoria de emergencia nacional.
- Para aplicarlo, deberá comprobar una disminución de al menos un 20% en los ingresos brutos de la empresa y que dicha afectación es atribuible al suceso provocador que originó la declaratoria de emergencia.
- En caso de que la disminución de ingresos sobrepase el 60%, autoriza la reducción temporal de hasta un 75% de las jornadas de trabajo semanal.
- La reducción de la jornada es una medida de carácter temporal, que se establecerá por un plazo de hasta tres meses.
- La reducción de la jornada de trabajo y la suspensión de los contratos de trabajo no se aplicará a trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia.
- En ningún caso podrá utilizarse la reducción de la jornada con fines discriminatorios o como medida o represalia en perjuicio de las personas trabajadoras.
José María Villalta, congresista por el Frente Amplio criticó que no toda la carga de esta crisis puede recaer sobre los empleados.
Villalta reconoció que con la reducción de la jornada laboral, muchas personas podrían caer en pobreza, repercutiendo en aumentar los porcentajes ya existentes de personas en esta condición.
Por eso, instó al Congreso a aprobar otros proyectos de ley, relacionados con un subsidio temporal.
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“No se vale que solo trabajadoras sufran el costo de esta crisis, tenemos que hacerlo con equidad y justicia”, sentenció.
Las palabras no fueron del agrado de Erwen Masís, diputado del PUSC quien criticó que no es válido indicar que “ganan las empresas y pierde el trabajador, es un gran daño, eso es falaz”.
Ahora el proyecto pasa a manos del Poder Ejecutivo, quien deberá tramitar la firma del presidente de la República, Carlos Alvarado y su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
