Tomás Gómez
“O las universidades acaban con los privilegios o los privilegios acaban con la autonomía”.
Esa fue una las frases contundentes con las que el rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Marcelo Prieto, reconoció los cambios que requiere la estructura presupuestaria de las universidades públicas.
Según Prieto el modelo del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) responde a una “realidad que ya está desfasada”.
Enfatizando en el tema de las remuneraciones, el académico y los diputados que lo convocaron concordaron en la necesidad de revisar las remuneraciones de las instituciones de educación superior.
Décadas acumuladas
De acuerdo con Marcelo Prieto los pluses salariales han llegado a inflar los salarios de una forma descontrolada.
Como principal blanco de sus crítica puso a la antigüedad, un privilegio salarial que según él no debería contemplarse y menos entregarse sin considerar la calidad de los empleados.
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Sobre las convenciones colectivas, el rector mencionó que han sistematizado algunos de los privilegios y que costará tiempo hacer correcciones.
“En casos como la Universidad de Costa Rica no podemos en 3 años corregir 70 años”, dijo.
Sobre la Universidad Nacional llegó a ironizar con el hecho de que el convenio prohibía denunciarlo, de manera que se volvería vitalicio.
Cambios a valorar
De cara al problema, Prieto mencionó que los presupuestos deben empezar a revisarse para que las universidades públicas abarquen de manera completa sus cuatro funciones:
- enseñanza de las carreras
- investigación
- acción social
- vida estudiantil
Sobre propuestas como estandarizar las becas en las 5 instituciones o incrementar las tarifas para los estudiantes de los estratos más altos, el rector dijo que sería mejor que cada ente valore su caso.
Críticas contra Hacienda
La comparecencia de Prieto se dio en el marco de la investigación que la Asamblea Legislativa desarrolla sobre el FEES desde hace varios meses.
Sin embargo, los integrantes del foro aprovecharon para interrogarlo sobre las protestas actuales.
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Al respecto, el representante insistió en que el redireccionamiento de ¢70.000 millones para gastos de capital constituye una interpretación errónea del acuerdo.
“Hemos venido desarrollado un esfuerzo para lograr que el Gobierno cumpla con lo que acordamos los rectores en la comisión de enlace, pero el Ministerio de Hacienda no cumplió”, dijo el académico.
