Paulo Villalobos
La Sala Constitucional rechazó el viernes dos hábeas corpus, presentados en favor de los manifestantes detenidos el 21 de noviembre por la Fuerza Pública, durante la intervención de dos bloqueos en Montes de Oca, San José, y San Ramón, Alajuela.
Dichos recursos, presentados de forma protocolaria por la organización Centro de Amigos para la Paz como procedimiento para determinar la legalidad de las detenciones registradas en manifestaciones sociales, planteaba condenar a la Presidencia de la República y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), por la aparente captura “indebida e injustificada” de 11 presuntos miembros del Frente Autónomo Interuniversitario (FAI).
Todos ellos participaban de trunques contra los recortes en el Presupuesto Nacional de 2020, en inmediaciones de las sedes Rodrigo Facio (San Pedro) y Occidente (San Ramón) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
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La institución, a través de su Oficina de Divulgación e Información (ODI), confirmó el lunes pasado que al menos seis de los aprehendidos son estudiantes suyos.
Hasta ahora, la casa de enseñanza no ha podido confirmar si los restantes detenidos son alumnos o no, ya que no han trascendido sus nombres completos, solo sus apellidos.
La oficina de prensa del Tribunal Constitucional, indicó que, como la resolución es de carácter sensible y no ha sido notificada a las partes, no es posible ahondar en detalles.
Dos recursos
Los hábeas corpus se presentaron el 22 de noviembre por separado, según el lugar en el que ocurrieron los hechos.
El de Montes de Oca se tramitó bajo el numeral 2019-22300. En él se pedía la liberación de los sujetos de apellidos Hernández Morales, Cisneros Quesada, Solís Aponte, Mora Castro, Vásquez Orozco, Tapia Álvarez y Carvajal Monterrey.
En ese momento, todos permanecían detenidos bajo las órdenes de la Fiscalía del II Circuito Judicial de San José. Esa noche, todos quedaron libres con las medidas cautelares:
- Impedimento de salida del país
- Firmar cada 15 días en sede judicial
- Prohibición para acercarse a víctimas y testigos del caso
A ellos se les investiga por los supuestos delitos de incendio agravado, resistencia a la autoridad y obstrucción de vías.
Esos hechos en apariencia se presentaron la noche del 21 de noviembre, cuando un grupo de protestantes impedía el paso por la Circunvalación, frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica.
A eso de las 10:00 p.m, oficiales se apersonaron para remover el trunque, pero entonces se registró un enfrentamiento que incluyó un ataque a policías con gasolina.
La oficina de prensa de la Sala Constitucional informó, ante consulta de El Observador, que la organización recurrente alegó la violación de los artículos:
- 22, 28, 37 y 48 de la Constitución Política
- 1, 3, 5, 9, 12, 13, 18, y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
- 5, 7 y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos
Todos esos numerales refieren a las libertades de tránsito, pensamiento y expresión, a la asociación y reunión pacífica; el derecho a la integridad personal; la prohibición de penas crueles o torturas; así como detenciones arbitrarias.
El de San Ramón se tramitó bajo el expediente 2019-22301, y tenía que ver con el levantamiento de un bloqueo en la ruta nacional uno, cerca de la sede de Occidente.
No obstante, en esta oportunidad, se pedía condenar adicionalmente a la Dirección Regional de la Fuerza Pública en Alajuela.
De igual manera, se exige la liberación de los sujetos de apellidos Madrigal Flores, Betancourt Pérez, Rojas Cruz y Bwdny Sequeros; sospechosos de obstrucción de vías.
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Sin embargo, ninguno de ellos fue detenido, de acuerdo con la oficina de prensa del Ministerio Público. Más bien, fueron identificados y citados para ser vinculados al proceso.
El caso se tramita en flagrancia, un procedimiento especial que tarda en promedio 15 días. Por ahora, ninguno de los imputados descuenta medidas cautelares.
Los alegatos incluidos en el recurso son los mismos utilizados en el de Montes de Oca.
Paulo Villalobos
