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Retraso de Sala Constitucional con proyecto de ley de huelgas alerta al sector productivo

Ya pasaron seis semanas desde que la Sala Constitucional avaló el proyecto de ley para la regulación de huelgas. Sin…

Por Tomás Gómez

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Retraso de Sala Constitucional con proyecto de ley de huelgas alerta al sector productivo
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Ya pasaron seis semanas desde que la Sala Constitucional avaló el proyecto de ley para la regulación de huelgas. Sin embargo la sentencia aún sigue sin publicarse.

Es un paso necesario para que los diputados puedan aprobar el texto definitivamente. El atraso comienza a generar inquietudes en el sector productivo, uno de los más afectados por los movimientos de paro recientes.

La huelga nacional entre setiembre y diciembre del 2018, contra la reforma fiscal, convocada por sindicatos le costó al país ¢138.700 millones, equivalentes a un 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones del Banco Central de Costa Rica.

Además entre el 5 y el 12 de agosto, 68.000 personas perdieron sus citas médicas y 1.399 se quedaron sin operar, pese a que habían cerca de 2.800 cirugías programadas. Se estima que el paro le costó a la Caja Costarricense de seguro Social, de su Fondo de Emergencias, más de ¢560 millones.

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“De ninguna manera quisiéramos pensar que existen presiones a la Sala Constitucional, que estén retrasando el envío del respectivo expediente de manera injustificada, atraso que está provocando que el Poder Legislativo no pueda seguir con el proceso legislativo que corresponde con el contenido de la sentencia”, dijo el presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff.

“Al aprobar en primer debate el proyecto, la Asamblea Legislativa le dio un regalo a Costa Rica para ser más libre y más segura. Fue un gran paso para devolverle la seguridad jurídica a los costarricenses y a la inversión nacional y extranjera. Todos estamos hartos de los chantajes huelguísticos sindicales”, agregó.

El empresario reiteró que se necesita claridad en el país, para que los ciudadanos no vivan con el riesgo de perder los servicios de salud, abastecimiento de combustibles, trámites, seguridad pública y educación.

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Freno a los abusos sindicales

El presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, lidera la iniciativa. (El Observador)

La denominada “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos” fue aprobada en primer debate por 40 diputados el 3 de setiembre. Entre los cambios introducidos destacan:

  • ampliación de servicios esenciales
  • prohibición de huelgas políticas y por motivos repetidos
  • agilización de procedimientos judiciales
  • notificación electrónica a los sindicatos

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Debate judicial

Tras la primera votación el proyecto fue enviado a consulta en la Sala Constitucional. El alto tribunal consideró que el proyecto pasaba el filtro, salvo en dos detalles claves: la disolución de sindicatos y la declaratoria de “esenciales” de varios servicios judiciales, lo cual no se consultó a la Corte Suprema de Justicia.

La decisión fue publicada la noche del viernes 25 de octubre, pero el voto completo aún no ha circulado. Para votar definitivamente la nueva normativa, los diputados requieren del pronunciamiento.

Una vez en su poder la Comisión de Consultas de Constitucionalidad hará los ajustes y lo enviará a Plenario para su aprobación.

Consultado al respecto la semana anterior, el presidente legislativo Carlos Ricardo Benavides dijo que esperaba dejar completo el proceso antes del receso de fin de año, que arranca el 19 de diciembre.

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