Tomás Gómez
Si la Reforma Fiscal no se hubiera aprobado, el país simplemente hubiera caído en la crisis y los principales afectados hubieran sido los programas sociales.
Ese el diagnóstico que hace, ahora desde afuera, la exministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
“La inminente crisis de la cual estuvimos en la orilla hubiese sido una realidad”, dice.
Fue exactamente hace año cuando Costa Rica logró una tarea urgente en la que había fracasado por partida doble: actualizar su base de impuestos.
Con una huelga de tres meses encima, fue el 3 de diciembre cuando los diputados dieron los votos necesarios a la “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”.
El texto pasó entonces a Zapote, donde lo firmaron Carlos Alvarado, la ministra Aguilar y el entonces jerarca de la Presidencia, Rodolfo Piza.
Costa Rica en números rojos
Los números rojos en la contabilidad nacional no eran una novedad en el país y la necesidad de ampliar la base tributaria tampoco.
Con ese fin el gobierno de Abel Pacheco impulsó la “Ley de Pacto Fiscal” y el de Laura Chinchilla la “Ley de Solidaridad Tributaria”.
Ambas buscaban la reforma de impuestos y ambas acabaron naufragando en la Sala Constitucional por vicios en su procedimiento.
En la gestión de Luis Guillermo Solís el tema no calentó pese a los proyectos presentados y tras unas elecciones presidenciales concentradas en los Derechos Humanos el desafío financiero volvió a quedar en manos de Acción Ciudadana.
Tres meses de vértigo
La subida de impuestos era una realidad cuando el 8 de mayo del 2018 Carlos Alvarado tomó el poder en la Plaza de la Democracia.
A pocos pasos de ahí, en el Congreso, un mes después se instaló la comisión especial para el análisis del proyecto, sobre el que se aprobó un texto sustitutivo y otros ajustes que dejaron lista la iniciativa a inicios de setiembre, cuando la iniciativa pasó al Plenario.
En ese momento, los sindicatos se lanzaron a la calle en una huelga de varias semanas, que según estimaciones del Banco Central, tuvo un costo de ¢138.700 millones para la economía local.
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Pese a las protestas, el procedimiento legislativo siguió su curso y 35 diputados lo aprobaron en primer debate con 35 votos el 5 de octubre.
De ahí, el proyecto completó su periplo por los tres Poderes de la República, pues fue enviado a consulta de la Sala Constitucional, generando las semanas de mayor suspenso.
Fue el viernes 23 de noviembre a las 11:00 de la noche cuando los magistrados dieron su veredicto final: el proyecto no tenía vicios de forma ni de fondo.
“La Sala no soslaya que efectivamente estamos en una crisis económica y no en una crisis cualquiera sino en una que ronda el 7% del PIB”, dijo entonces el presidente del alto tribunal, Fernando Castillo, quien alegó que una deficiencia en las arcas estatales vulneraría el disfrute del resto de los derechos.
Una semana después, 34 diputados votaron la ley en segundo debate y de inmediato fue sancionada por el Poder Ejecutivo para entrar a regir.
El plan que quedó incompleto
Los meses previos al Plan Fiscal Rocío Aguilar los recuerda con preocupación.
Según ella hubo síntomas de la gravedad de la situación que podría enfrentarse, entre los que destaca:
- Incremento en las tasas de interés
- Dificultades de financiamiento
- Amenaza del no pago oportuno de obligaciones
- Necesidad de recurrir a las letras del tesoro por primera vez en dos décadas
“Fundamentalmente después de la aprobación en el sector financiero fue posible, inmediatamente, recuperar la confianza”, dice ahora más tranquila.
En una visión crítica, señala eso sí que el proyecto quedó incompleto en algunos aspectos como la exención a las cooperativas y los rebajos hechos a los gravámenes en educación y canasta básica.
“La ley se logró enriquecer en algunos aspectos, en otras partes perdió parte de su rendimiento. Ese rendimiento hubiese ayudado a adelantar el momento de sostenibilidad de la deuda”, pondera.
Cuando se le pregunta por el momento más duro de las negociaciones, Aguilar responde que fueron “todos”, pero admite que el apoyo encontrado en la oposición y otras instituciones fue vital.
“Los señores diputados entendieron que necesario votarlo. Un buen componente estaba vinculado con contención de gasto y con herramientas tan útiles como la regla fiscal, los cambios en remuneraciones”, concluyó.
Memoria legislativa
El salón de sesiones de la Asamblea Legislativa fue uno de los epicentros principales de la discusión.
Doce meses después, sus protagonistas coinciden en que el primer debate fue el momento más duro, pues la presión de las manifestaciones los obligó a salir escoltados en vehículos institucionales.
La diputada Carolina Hidalgo, entonces presidenta legislativa recuerda que en la primera votación la tensión fue máxima por la expectativa de la opinión de la Sala IV y que lo más duro de las negociaciones fue alcanzar el balance entre las distintas fracciones.
Menciona que “el proyecto le dio mucho valor al cuatrienio pues se mostró a la ciudadanía que existen compromiso real de hacer algunas reformas estructurales que había esperado por más de dos décadas”.
En la acera opositora, por su parte, plantean que había una clara conciencia sobre la emergencia fiscal y que era el único camino posible.
“Era impopular pero absolutamente necesaria”, dijo el exjefe de bancada liberacionista Carlos Ricardo Benavides.
El tema no era nuevo para Benavides quien enfrentó el fracaso del plan fiscal de Abel Pacheco siendo diputado y el de Laura Chinchilla ocupando el Ministerio de la Presidencia.
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“Nuestro candidato y otros candidatos firmaron un compromiso para firmar ese Plan Fiscal, lo que pasa es que algunos partidos imcumplieron su palabra”, menciona ahora.
En la Unidad Social Cristiana, otra de las fuerzas fundamentales para la votación, recuerdan un proceso de comunicación sobre todo entre jefes de fracción para alcanzar los votos necesarios.
Erwen Masís, coordinador de la bancada durante las negociaciones, sacó a relucir que se negociaron apoyos a diferentes proyectos y que pese al respaldo del Plan Fiscal algunas de las promesas se incumplieron.
“Muchos de esos proyectos que se mostraron en una mesa no fueron respaldados por el presidente de camino y donde se pensaba que había un interés colectivo dejó de haberlo”, cerró.
Colaboró la periodista Paula Ruiz.
