Tomás Gómez
Los porcentajes asignados por el presupuesto nacional para la educación y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) fueron declaradas inconstitucionales por la Sala IV.
Según los magistrados, los montos no alcanzan los mínimos garantizados por la Constitución Política y la jurisprudencia de la propia Sala.
Encabezados por el frenteamplista José María Villalta, un grupo de diputados decidió cuestionar la constitucionalidad de la norma desde inicios de noviembre, cuando la Comisión de Asuntos Hacendarios finalizó su dictamen.
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Junto a Villalta, el documento fue suscrito por los oficialistas Paola Vega, Mario Castillo, Welmer Ramos y Luis Ramón Carranza y los liberacionistas Karine Niño y Daniel Ulate.
También respaldaron la consulta los evangélicos Xiomara Rodríguez, Giovanni Gómez y Mileidy Alvarado, el republicano Otto Roberto Vargas y Walter Muñoz y Patricia Villegas de Integración Nacional
Además de la materia de educación e infancia cuestionaron las limitaciones presidenciales en el Poder Judicial, los recortes a las transferencias a las universidades públicas y la inclusión del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) como parte del 8% del presupuestario que debe destinarse a la educación, sin embargo, tales puntos sí fueron avalados por el alto tribunal.
El presupuesto de los intereses
Para el 2020 el prespuesto aprobado por los diputados llega a ¢10,5 billones. De ese monto, cerca del 40% está destinado al servicio de la deuda.
El plan de gastos fue aprobado el 18 de noviembre y quedó en firme tres días después sin el respaldo de los propios diputados de Acción Ciudadana.
