Tomás Gómez
A finales del 2018, la Sala Constitucional dio a la Asamblea Legislativa año y medio para regular el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país. Ante la inacción de los diputados, el derecho entrará a regir el martes 26 de mayo.
A partir de esa fecha las uniones matrimoniales entre personas del mismo sexo tendrán validez legal. Un total de 54 de ellas ya hacen fila en el Registro Civil para ser reconocidas.
Se trata de 29 parejas homosexuales masculinas y 25 femeninas que inscribieron su relación a partir del 2018, cuando empezó a correr el tiempo para que Costa Rica se convirtiera en el país número 28 del mundo en adoptar este derecho.
De ellas, 31 ya habían celebrado su enlace en lugares que si lo permitían principalmente en Estados Unidos, España y Colombia. Las otras 23 lo hicieron ante notarios costarricenses. Aprovecharon la sentencia constitucional que zanjó década y media de debates, sobre la posibilidad de que la ley nacional admitiera por igual tanto a las parejas heterosexuales como a las homosexuales.
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De la Sala a la Asamblea, pasando por la Corte Interamericana
La nebulosa sobre la posibilidad de tener matrimonio igualitario en Costa Rica comenzó a disiparse en el 2006, cuando la Sala Constitucional estableció que el Poder Legislativo tenía la capacidad de normar el tema.
Desde entonces comenzaron a surgir proyectos de ley para avalar la figura o al menos otras figuras para proteger los patrimonios entre parejas gais.
Uno de los impulsos más fuertes llegó ese mismo año con la iniciativa 16.390 sobre las uniones civiles, propuesta por los entonces diputados Ana Helena Chacón (Unidad Social Cristiana), José Merino (Frente Amplio) y Carlos Gutiérrez (Libertario).
Tiempo después el mismo grupo presentó un proyecto sobre sociedades de convivencia que encontró más respaldo.
El entonces presidente Óscar Arias manifestó su apoyo junto a integrantes del gabinete como María Luisa Ávila, Leonardo Garnier y Roberto Gallardo, ministros de Salud, Educación y Planificación respectivamente, pero el plan no avanzó.
El tema se intentó incluso someter a referéndum en el 2010, pero la Sala Constitucional frenó el plan alegando que los derechos de una minoría no podían ser decididos de manera colectiva.
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La discusión perdió empuje oficial en la gestión de Laura Chinchilla. Pero la administración de Luis Guillermo Solís optó por consultar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la validez de la prohibición existente hasta la fecha, para que dos personas del mismo sexo se puedan casar. El alto tribunal recomendó permitir dichos matrimonios.
Aunque la propia Corte ha señalado que sus opiniones no son vinculantes, la jurisprudencia costarricense las ha hecho de acatamiento obligatorio. La opinión consultiuva provocó nuevos procesos legales, ante los cuales la Sala IV declaró inconstitucional la prohibición.
El proceso interno tampoco fue sencillo. Si bien había consenso sobre permitir el matrimonio homosexual, no existía acuerdo sobre la manera de habilitarlo. Los magistrados se dividieron en sus votos:
- Que rigiera de manera inmediata: Fernando Cruz y Nancy Hernández
- Darle 18 meses de plazo a la Asamblea: Paul Rueda y Martha Esquivel
- No ponerle plazo a la Asamblea: Luis Fernando Salazar y José Paulino Hernández
- No reconocer el matrimonio: Fernando Castillo
Con ese escenario, Cruz y Hernández respaldaron la postura de Rueda y Esquivel. Se formó un voto de mayoría, originando así el plazo de 18 meses próximo a vencer.
El plazo empezó a correr en noviembre del 2018, una vez que la sentencia completa fue publicada en el Boletín Judicial.
El método elegido fue similar al usado por Colombia, donde se dio un plazo de gracia para legislar al respecto, tras el cual quedaría rigiendo el matrimonio en caso de no haber respuesta.
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Vigencia entre interrogantes
Con el plazo constitucional justo a vencerse, hay claridad de que el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, donde se establece en el matrimonio es únicamente entre un hombre y una mujer, pasará a la historia. Pero quedan dudas sobre otras normas.
Las leyes que regulan adopciones, violencia doméstica, patria potestad y apellidos de los hijos fueron pensadas y redactadas para uniones heterosexuales, por lo que su implementación en los matrimonios homosexuales genera interrogantes.
Basado en ello, un grupo de diputados promueve una moción para pedirle a la Sala IV una nueva prórroga de 18 meses, una vez que pase la pandemia de COVID-19. Algunos de sus firmantes, como los independientes Ivonne Acuña y Erick Rodríguez, insisten que lo hacen pues la Asamblea no ha tenido tiempo de hacer los ajustes.
Consultada por El Observador, Acuña señaló directamente al Gobierno por no haber convocado los proyectos respectivos en los dos años de gestión que lleva. Casa Presidencial defiende que sí se presentaron los proyectos, y que en otras áreas como aseguramiento y bonos de vivienda las instituciones ya han avanzado.
“No son ajustes normativos, simplemente va a tener que sensibilizarse al funcionario público, porque por ley una vez que se deroguen los artículos que ha señalado la Sala Constitucional a la institucionalidad pública lo que le corresponde es acatarlo”, indicó la ministra de Comunicación, Nancy Marín.
Marín añadió que se ha avanzado en legislación para licencias en caso de adopción, autorización para acordar el orden de los apellidos, equiparación de responsabilidades y uniones de hecho.
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Un club de 28 países
En 1989, Dinamarca se convirtió en el primer país en generar protección legal a las parejas homosexuales mediante la figura de “unión civil”, a la que se sumaron Noruega en 1993, Israel en 1994, Suecia en 1995 e Islandia en 1996.
Esta figura se mantiene activa en 16 naciones. Otras la evolucionaron hacia el matrimonio civil.
El salto se dio originalmente en Holanda en el 2001 y dos años después se sumó Bélgica. Se fueron incorporando más países tanto por aprobación de sus congresos como por sentencias de tribunales constitucionales, para alcanzar 27 países hasta ahora.
La figura del matrimonio igualitario ha sido incorporada en otros casos a nivel regional, tal y como ocurrió en varios estados de Estados Unidos o en México, pionero de este tipo de legislación en América Latina, que tiene el matrimonio aceptado en la mayoría de sus estados pero no a nivel colectivo.
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