Tomás Gómez
El drama de centenares de nicaragüenses varados a las puertas de su propio país comienza a ser noticia internacional sin que las autoridades costarricenses hagan mayor referencia al mismo.
Los hechos se remontan a una semana atrás cuando el régimen de Daniel Ortega estableció nuevos requisitos de ingreso al país, los cuales incluyen presentar un test negativo de COVID-19 con máximo 72 horas de emitido, el cual se debería hacer por la vía privada en Costa Rica.
Ante la falta de recursos, cada vez son más los ciudadanos del país vecino quienes quedan atrapados en la zona limítrofe, historia que fue publicada el fin de semana por medios de renombre como DW, EuroNews y la agencia AFP.
El viernes anterior la situación generó la protesta de los migrantes lo que obstruyó el tránsito por el sector fronterizo.
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El dirigente del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, Gonzalo Carrión, señaló que el requisito “es arbitrario para un nacional, sobre todo porque debe hacerla con los privados y es cara. ¡Por Dios! si la gente se esta regresando por la palmazón (sin dinero), están desempleados y quieren estar con su familia”.
El diario La Prensa, de Managua, publicó este domingo por su parte el testimonio de las familias que no reciben información sobre las personas que están esperando a sus seres queridos.
La publicación estimó en cerca de 500 a los migrantes varados quienes permanecen a la interperie sin condiciones mínimas y expuestos a la pandemia.
Costa Rica apuesta por desincentivar viajes
Alineados con la medida del régimen sandinista, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) lanzó el viernes una directriz donde exige a los nicaragüenses la misma prueba para viajar a su país.
Según explicó la directora de la institución, Raquel Vargas, la idea es prevenir aglomeraciones en la zona fronteriza y evitar focos de contagio para los funcionarios y vecinos de la zona.
“Para evitar las aglomeraciones ante una imposibilidad de ingresar a Nicaragua, solicitamos de forma vehemente a las personas nicaragüenses que vayan a su país, que antes de hacer el viaje, quien deba hacerlo por fuerza mayor, lleve este examen COVID con resultado negativo, evitando así inconvenientes y un riesgo alto de contagio”, dijo.
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Migración aclaró que cada viajero deberá costearse por sí mismo el requisito.
Ante las publicaciones internacionales se consultó a las autoridades nacionales por el estado de la zona y la estrategia a seguir sin obtener respuestas. El Ministerio de Seguridad Pública indicó que sería la DGME la vocera y el ente, aunque prometió brindar la información, no lo hizo al cierre de esta nota.
Problema será para Costa Rica
El Observador habló este domingo con el alcalde de La Cruz, Alonso Alán, quien explicó las preocupaciones del Gobierno Local ante la nueva crisis que se vive en la región.
Según explicó, el grupo de extranjeros están acumulándose en una estrecha franja de tres metros de ancho entre la línea fronteriza y la malla del lado nicaragüenses, lo que técnicamente los pone del lado internacional pero expuestos al espacio tico.
“De donde está la frontera de ambos países, en un ancho de unos tres metros y puede ser unos 200 metros de largo donde están ubicadas estas casi 300 personas que se han ido acumulando a lo largo de esta semana sin ninguna condición”, mencionó.
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Alán señaló que han buscado contactos con el Gobierno y organizaciones de ayuda pues incluso se han visto niños y adultos mayores en la aglomeración.
“A mi me preocupa porque si ahí se comienza a presentar un problema de salud, aunque se escuche un poco feo, a nosotros nos va a tocar atender eso. Yo creo que nos los van a pasar del lado de Costa Rica y no podemos esperar que eso pase”, alertó.
En medio de la emergencia autoridades locales, ONGs y Fuerza Pública se han hecho presentes para brindar asistencia humanitaria a los afectados.
