Redacción El Observador
En un comunicado conjunto divulgado este viernes, los empleados de los bancos públicos (BCR, Nacional y Popular) y el Instituto Nacional de Seguros manifestaron su oposición a que se les reduzcan las jornadas laborales y sus salarios.
Específicamente calificaron como “nefasto” el proyecto de ley número 22.081, denominado Ley de reducción de jornadas en el sector público, el cual propone reducir la jornada ordinaria de trabajo en un 15%, con un recorte salarial proporcional.
Según su conclusión, estas empresas estatales no dependen del Presupuesto Nacional y debido a la autonomía jurídica y la operación en mercados en competencia, el proyecto no debería afectarlos.
“El proyecto de reducción de jornadas no debe afectar a nuestras instituciones, sin embargo, esta postura, no nos pone en una zona de confort, todo lo contrario, nos compele a formar un bloque sólido para evitar que nos encajen en el mismo, lo que implica que vamos a luchar”, advirtieron los sindicatos Sebana (Banco Nacional), Unebanco (BCR), Sibanpo (Banco Popular), Upins (INS) y el Sinebaccr (Banco Central).
“No podemos permitir que se cercene un derecho adquirido como lo es, la jornada de trabajo, la cual es de tutela Constitucional y mucho menos, que tal acción, conlleve un menoscabo en el salario”, agregaron.
Los sindicatos alegan que la reducción de jornada y su afectación salarial incidirían negativamente en la reactivación de la economía y elevaría los niveles de morosidad en préstamos.
“No tenemos que estar incluidos en ese proyecto. Estamos preparados para defender los derechos consagrados en la Constitución, en el Código de trabajo y en las respectivas Convenciones Colectivas de todos los trabajadores que representamos, basta ya de atropellos y abusos”, indicaron en la misiva firmada por Juan Carlos Chaves (Popular), Lucía Granados (Banco Central), Róger Muñoz (BCR), Bernal Ávalos (INS) y Harold Reyes (Nacional).
De acuerdo con datos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), con corte a mayo pasado, el salario promedio mensual de los empleados de las instituciones autónomas es de ¢1,1 millones.
