Manuel Sancho
El Instituto Nacional de Seguros (INS) enfrenta un temblor ante el regreso de Cristina Ramírez, ministra de Justicia en el gobierno de Luis Guillermo Solís y a quien un juzgado laboral ordenó restituir en la jefatura de la Dirección Jurídica de la institución. Hoy retornó a sus funciones, con el ambiente crispado y la totalidad de funcionarios de ese departamento en paro de labores.
El Juzgado de Trabajo de Cartago ordenó la reinstalación inmediata de Ramírez, desde la semana pasada y hoy se aplica. Desde octubre del 2019, quedó en firme la resolución administrativa del INS, que tras un proceso de investigación interno tomó la decisión de despedirla sin responsabilidad laboral, por actos de acoso laboral que comprobó. Pero con la intervención del caso en el Poder Judicial, el panorama cambió.
Con su regreso y aún con el proceso judicial pendiente, los trabajadores pidieron a la jerarquía del Instituto tomar acciones, para colocarla en otro cargo. Boris Molina, abogado de los más de 40 empleados de la Dirección Jurídica, afirmó que se le pide a la Gerencia y Presidencia Ejecutiva del INS que traslade a Ramírez.
“O que traslade a los 42 subalternos a otra instancia del INS. Pero estamos hablando de la Dirección Jurídica. Difícilmente se podrá reubicar a 41 personas. Es muchísimo más fácil hacerlo con una sola y no con todo el personal del departamento”, dijo a El Observador. Todas las personas se manifiestan este lunes.
Ramírez fue ministra de Justicia por menos de dos años en la Administración Solís Rivera. (Presidencia)
Pero además el grupo interpondrá una demanda contra Ramírez por lo que consideran acoso laboral, para que otro juez de la República dicte una medida cautelar a favor de los empleados. “No tiene ningún sentido que si hay 41 personas y una de ellas es la que ataca a todas las demás, se premie al agresor y no a las víctimas.”, explicó.
Molina señaló que hoy el ambiente en el INS es de “frustración, desilusión, tensión y preocupación”. “Es traer al zorro al gallinero, como dirían nuestros abuelos. Es inconcebible que la persona que más daño le ha hecho a estos empleados, es la que se está reinstalando hoy como su jefe”, aseguró.
Ante la protesta de los trabajadores, se mantiene como una incógnita cuándo se normalizará el flujo laboral de la Dirección Jurídica.
“Están en peligro por los antecedentes de acoso que han sufrido”, advirtió Molina. Si bien aún se debe resolver el caso en la vía judicial, el abogado pidió una solución inmediata a nivel práctico. “Estamos hablando de la inconformidad de 41 personas contra una”, justificó.
Ramírez fue ministra de Justicia y Paz de la Administración Solís Rivera. En mayo del 2015, buscó un cargo en un organismo internacional, pero fracasó en la pretensión, ante la falta de respaldo. El gobierno de Solís la colocó como a asesora de la Presidencia Ejecutiva del INS. En julio del 2017, fue nombrada en la Dirección Jurídica.
El Observador llamó a Ramírez y se le dejó un mensaje, pero no contestó.
INS ya apeló
Todos los funcionarios de la Dirección Jurídica se manifestaron. (Cortesía)
Cuando el INS tomó la decisión de despedir a Ramírez, lo hizo basado en que encontró “una falta grave a sus obligaciones laborales”. El órgano encargado del proceso interno determinó que la nuevamente Directora incurrió en “acoso laboral y abuso de poder, maltrato verbal, y actos denigrantes y humillantes”. Pero el Juzgado cartaginés ordenó la reinstalación, mientras se resuelve el caso.
El gerente General del INS, Luis Fernando Campos, señaló que el viernes se reunió con Ramírez, pero que deben acatar la orden judicial, por lo que se reinstaló. Nada más han dialogado para los términos del regreso.
“El mandamiento judicial esta acatado, somos respetuosos del mandato del juez, aunque no lo compartimos”, dijo Campos a El Observador.
El Instituto ya apeló la decisión. “Yo presenté el mismo jueves en la tarde noche un recurso de apelación. El juez tiene cinco días para resolver, todavía estamos dentro de ese periodo. Eso en cuanto a la medida provisional. El jueves nos enteramos a través del sistema judicial de la medida que iba a ser dictada, entonces nos adelantamos a trabajar en la apelación anticipadamente”, comentó.
Con respecto a la solicitud de los 41 empleados, Campos mencionó esta mañana que aún no lo han conversado, aunque supo de la protesta.
“Es de esperar que hay un problema serio de clima laboral en la Dirección Jurídica por cuanto parte de los hechos que generaron el despido fue precisamente temas de clima. Yo ahorita voy a reunirme con una representación de ellos para ver cuáles son sus pretensiones y estaremos analizando que opciones o alternativas hay”, dijo el jerarca.
Las autoridades se preocuparon por asegurar la continuidad del servicio en un departamento clave. “Es una división altamente estratégica. Tiene una enorme cantidad de juicios, trámites legales, que se gestionan todos los días y lo que estamos es velando porque eso este normalizado. Aparte de eso por supuesto que el ambiente laboral de los colaboradores es de nuestra máxima preocupación”, concluyó el Gerente.
Colaboró la periodista Christine Jenkins.
Manuel Sancho
