Tomás Gómez
Luego de tres meses de trabajo, la comisión legislativa que analiza la iniciativa 21.546 “Ley General de Contratación Pública” aprobó por unanimidad un texto sustitutivo.
La propuesta contó con el apoyo de seis legisladores. Avanza tras varias comparecencias en las que la Contraloría General de la República, ministerios e instituciones autónomas realizaron diversas observaciones al formato original, presentado en agosto anterior.
“Después de casi 25 años de la Ley de Contratación Administrativa, la idea es incorporar a aquellas instituciones que contratan por fuera o a través de principios, para incorporarlas en un proyecto de ley que busca la transparencia y la eficiencia”, declaró la congresista liberacionista Ana Lucía Delgado, presidenta del foro.
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La nueva estructura
El 12 de noviembre pasado, el ministro Rodolfo Méndez firmó el contrato para las obras del paso a desnivel en Guadalupe. Los proyectos de infraestructura son los mayores que el Estado contrata a privados. (Roberto Carlos Sánchez/Presidencia)
Si llega a convertirse en ley, las nuevas disposiciones regirán para los contratos que empleen total o parcialmente fondos públicos.
El texto plantea:
- estandarización: toda la contratación pública estará concentrada en el Sistema Digital Unificado, que será 100% digital
- nuevos parámetros: la selección de oferentes deberá tomar en cuenta criterios sociales, ambientales, económicos y de innovación
- inclusión: se deberá generar un entorno para que pequeñas y medianas empresas aprovechen las necesidades del Estado
- plazo: las contrataciones podrán extenderse un máximo de cuatro años
- restricciones: no podrán ser oferentes
- jerarcas de los Supremos Poderes
- funcionarios de la entidad contratante y sus cónyuges y familiares hasta en tercer grado por consaguinidad o afinidad
- personas jurídicas donde figuren ellas o el funcionario en cuestión
- institucionalidad: la materia será controlada por el Consejo Nacional de Contratación Pública, a integrarse por representantes de los ministerios de Hacienda, Ciencia y Tecnología, Comercio Exterior, Planificación y Economía
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De montos y topes
La diputada Ana Lucía Delgado (centro) preside la comisión que analizó el proyecto. (Facebook)
La propuesta de ley establece un régimen ordinario para el Estado y uno diferenciado para las contrataciones de las empresas públicas no financieras nacionales, empresas públicas no financieras municipales, instituciones públicas financieras bancarias e instituciones públicas financieras no bancarias.
Para ello establece las categorías de licitaciones mayores, menores y reducidas. Se regirán según los siguientes montos:
Además se impone un tope de 50% de subcontratación a quienes resulten ganadores de los concursos. De manera complementaria se crean las categorías de urgencias y bienes inmuebles para facilitar las negociaciones en esos contextos.
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Proyecto seguirá en el 2020
Según la diputada Delgado, es necesario modernizar la regulación tomando en cuenta que solo el año pasado las contrataciones públicas – sin contar la factura petrolera – rozaron los ¢4,5 billones.
La nueva versión del texto se envió a consulta a los ministerios de Hacienda, Planificación, Comercio Exterior y Economía; además del Banco Central y el Nacional, el de Costa Rica y el Popular.
Igualmente deberán pronunciarse el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, los Consejos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Caja del Seguro Social y la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope), así como los representantes de las municipalidades y el sector empresarial.
Debido al receso de fin y principio de año, el debate continuará en el 2020.
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