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Sistema informático de la Dirección de Pensiones es incapaz de soportar procesos claves, a pesar de inversión de $3 millones

El sistema informático de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) es incapaz…

Por Paulo Villalobos

Tiempo de Lectura: 2 minutos
Sistema informático de la Dirección de Pensiones es incapaz de soportar procesos claves, a pesar de inversión de $3 millones
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El sistema informático de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) es incapaz de soportar al menos cinco procesos clave para la institución. La plataforma tiene problemas en:

  • la gestión de la información (manejo de expedientes de jubilados)
  • declaración de derechos (que se encuentra en desarrollo)
  • pagos de períodos anteriores
  • sumas giradas de más
  • y gestión de asesorías.

Tampoco se tiene la posibilidad de contar con un módulo estadístico. Los fallos ocurren a pesar de que Trabajo invirtió $2.995.521 en un sistema informático que apoyara todos sus procesos.

Son parte de las conclusiones de una auditoría de la Contraloría General de la República, sobre la funcionalidad y suficiencia de los sistemas automatizados de la Dirección de Pensiones. El estudio analizó el funcionamiento del sistema del 1 de enero de 2016 y el 30 de septiembre de 2019.

La Contraloría resaltó la importancia de las tecnologías de información en una institución, pues apoyan el cumplimiento de sus objetivos y la toma de decisiones. El ente contralor señaló que la Dirección de Pensiones administró en 2018, unos ¢137.240,8 millones por el pago realizados a 18.306 jubilados distribuidos en hasta 15 regímenes.

“Debilidades significativas”

El Informe DFOE-EC-IF-00018-2019 del órgano contralor detalló deficiencias en la estrategia del Ministerio de Trabajo, en el manejo de las tecnologías de información. Destacan:

  • Deficiencias en la planificación estratégica y en en el funcionamiento de la Comisión Institucional de Tecnologías de Información
  • Políticas desactualizadas en materia de seguridad de la información y administración de proyectos de ese tipo
  • Dependencia de terceros contratados para procesos críticos tales como resguardo de información, mantenimiento y soporte de los sistemas
  • Ausencia de planes de contingencia en caso de incidentes e interrupciones de servicio

Disposiciones giradas

La Contraloría ordenó a la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte, integrarse a la Comisión Institucional, para la toma de decisiones en asuntos estratégicos en tecnologías de información.

A más tardar el 31 de enero de 2020, la jerarca deberá remitir un programa de reuniones del foro. Y al 15 de diciembre de ese año, deberá implementar la programación.

La Comisión Institucional deberá definir un mecanismo de control para alinear su estrategia de tecnologías de la información con la del Ministerio. Para ello tiene hasta el 28 de febrero de 2020.

Deberá implementarse un mecanismo de control para dar seguimiento al portafolio de proyectos de tecnologías.

También deberá actualizar la Política de Seguridad Informática antes del 31 de marzo del 2020; así como la Metodología de Administración de Proyectos de Tecnologías de Información al 29 de mayo del 2020.

Además deberá formular un plan de contingencia ante incidentes e interrupciones de los servicios de operación continua en los proceso críticos para la cartera, a más tardar el 18 de diciembre de 2020.

Al director de Pensiones, Luis Paulino Mora, se le ordenó la implementación de una hoja de ruta para la automatización de los procesos de su oficina, de conformidad con la Metodología de Administración de Proyectos.

Igualmente debe establecer una hoja para transferencia de conocimiento al Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicación sobre el funcionamiento del Sistema de Revalorización y Planillas.

La Contraloría dispuso que prepare un análisis para tomar decisiones respecto a la información alojada en un centro de datos externo. Este debe contemplar la relación costo-beneficio, así como los aspectos mínimos que deben contemplarse en los acuerdos sobre la propiedad y confidencialidad de la información; considerando el vencimiento de una contratación de Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) en abril próximo.