Solidaristas del Banco Nacional revelan irregularidades con créditos: «Fue como dejar 5 monos en una farmacia»

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Tiempo de Lectura: 2 minutosKaren Vargas, gerente general de la Asociación Solidarista de empleados del Banco Nacional (Asebanacio) confirmó presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos a terceros, autorizados por miembros de junta directiva -a partir del 2011- quienes además ejercían altos mandos en la entidad financiera.

Sus declaraciones formaron parte de la audiencia registrada esta tarde en la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público, donde se realiza la investigación, tras la denuncia del diputado José María Villalta quien detalló que Asebanacio fue utilizada como un «banco paralelo» para otorgar créditos mediados por aparentes irregularidades.

«¿Que pasó? Para mí fue un desorden con propósito. Cómo es posible que en la junta directiva de Asebanacio existieran personas expertas en temas financieros, en temas de riesgos, de banco, y el 1º de febrero (de 2019) cuando ingreso, me encuentro informes de auditoria externa donde revela esto sin gestión de riesgos, una asociación solidarista con un nivel de madurez catalogado como débil o incipiente», declaró Vargas a los legisladores.

OBSERVE MÁS: Banco Nacional investigará denuncia de Villalta por «desvíos ilegales» a Asociación Solidarista

De esas auditorías, se evidenciaron 253 debilidades. Vargas informó que ante estos créditos sin garantías otorgados a terceros, la Asociación perdió ¢15 mil millones.

Actualmente, Asebanacio cuenta con un patrimonio de ¢84 mil millones, de los cuáles ¢24 mil millones son por aporte patronal.

«Se administraba sin controles, sin comunicación, sin supervisión. Me topo que ni tan siquiera los principios básicos de administración estaba ahí y estamos hablando de personas expertas que estaban tomando decisiones. Esas irregularidades se materializan en créditos empresariales, pero no puedo mostrar nombres debido a la Ley de Protección de Datos», agregó la jerarca.

Junta directiva contra la Ley

Otro de los puntos que expuso Vargas en conjunto con Rodrigo Araya, asesor legal de la Asociación, la Ley 6970 prohíbe a jefes o jerarcas formar parte de las juntas directivas de las Asociaciones Solidaristas.

Sin embargo, ambos confirmaron que antes del 2017 (cuando ingresaron los nuevos miembros) altos jerarcas del Banco formaron parte de la Junta que otorgó los créditos a terceros.

De hecho, Villalta había denunciado un préstamo por ¢190 millones a un alto jerarca de la entidad bancaria, sin garantías.

La misma Ley, según Araya también prohíbe otorgar préstamos a personas que no formen parte de las Asociaciones.

«Existían miembros con altos puestos que efectivamente formaban parte de las Juntas Directivas y que esto lo investiga el Ministerio Público porque provoca choque de intereses», declaró Araya ante los congresistas.

«Lo que pasó en Asebanacio fue como haber llevado 5 monos a una farmacia y regresar dentro de media hora o una hora, imagínese lo que se pudo haber encontrado”, declaró Araya.

Las denuncias presentadas ante el Ministerio Público tienen relación con los supuestos delitos de administración fraudulenta, delito de tráfico de influencias y de intermediación financiera ilegal.

El congresista Luis Fernando Chacón quien ejerció este jueves como presidente del foro legislativo, advirtió que llegarán hasta las «últimas consecuencias» en este caso en investigación, pues parte de los fondos de Asebanacio provienen del aporte patronal para la cesantía de los trabajadores.

Es decir, de los créditos presuntamente irregulares, pudieron haberse tomado dineros de la cesantía, según señaló.

La Comisión tomó la decisión de solicitar información a Asebanacio relacionada con la lista de créditos empresariales en cobro judicial, así como la lista de directivos o exdirectivos de la Asociación y del Banco Nacional que han recibido créditos y se encuentran en cobro judicial.

Para el próximo jueves está programada la audiencia de la actual junta directiva de la Asociación.

 


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