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Solo un asesor de datos queda fuera de Casa Presidencial, pero “replantearán” la idea

Aunque se esperaba el anuncio de la salida de los tres integrantes del equipo de la Unidad Presidencial de Análisis…

Por Tomás Gómez

Tiempo de Lectura: 3 minutos
Solo un asesor de datos queda fuera de Casa Presidencial, pero “replantearán” la idea
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Aunque se esperaba el anuncio de la salida de los tres integrantes del equipo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), solo Diego Fernández – quien era el coordinador – presentó su renuncia.

El anuncio lo dio esta mañana el presidente Carlos Alvarado, quien reapareció tras una semana sin mostrarse en público.

Además de Fernández, la directora del Despacho Presidencial, Felly Salas, también se va de Casa Presidencial.

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En el caso de Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos – también cuestionados responsables de la UPAD – serán reubicados en otras instituciones.

Otros empleados tendrán la función de “plantear cómo debería ser esto, replanteado ante la ciudadanía con mecanismos de diálogo, protocolos y otro tipo de salvaguardas que generen confianza, porque el análisis de datos es clave para ser buena política pública”, declaró Alvarado.

“Como país no podemos renunciar a usar herramientas para el análisis de datos porque eso es bueno para la gente”, agregó.

Según Alvarado, por el momento la UPAD no está realizando un trabajo con respecto a minería y análisis de datos.

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El huracán llamado UPAD

El equipo venía trabajando desde el arranque de la administración, pero quedó en el centro de la polémica al publicarse el decreto de creación de la Unidad.

La normativa recibió de inmediato una avalancha de críticas por temas que iban desde la autohabilitación para acceder a datos confidenciales hasta una falsa autorización del Ministerio de Planificación (Mideplan) para crear la oficina.

La normativa en cuestión fue derogada a los cinco días, pero tras las declaraciones de la ministra de Comunicación, Nancy Marín, donde admitió que los funcionarios llevaban 18 meses con labores de datos generaron más dudas.

Una vez estallado el escándalo, el mandatario Alvarado ordenó detener las labores de análisis de información, pero mantuvo a los asesores en el cargo recibiendo salarios que iban de los 403.000 a los 2,5 millones de colones.

Los tres asesores, además, son investigados por la Fiscalía y tanto sus despachos como sus viviendas particulares fueron allanadas el fin de semana.

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Datos y cuestionamientos

Aunque la UPAD fue justificada como un ente que manejaría datos para la toma de decisiones, el trabajo de sus funcionarios generó diversas interrogantes.

El Observador dio a conocer cómo en plena campaña de elecciones municipales el asesor Alejandro Madrigal realizó análisis de apoyo al PAC respecto a iglesias evangélicas y de otros temas como huelgas y asistencia a clases de sexualidad.

También este medio reveló los intentos de Madrigal por generar un convenio con la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) que permitiera el acceso al Centro de Información Crediticia (CIC), donde se resguardan datos confidenciales sobre el endeudamiento de las personas.

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A estas revelaciones sumaron otras investigaciones de otros medios como:

  • Diario Extra: expuso la solicitud de datos de registro civil hecha por Presidencia al Tribunal Supremo de Elecciones
  • CR Hoy: mostró el fracaso del equipo de datos al pretender que la Caja Costarricense de Seguro Social les diera datos financieros de cuotas obrero patronales, lo que está tutelado por ley
  • Noticias Repretel: reportó el ocultamiento de información a los diputados para recibir un presupuesto de ¢70 millones que financiara a la UPAD
  • Semanario Universidad: publicó el trabajo de la Unidad para individualizar a docentes que se fueron a huelga por la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

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Entre renuncias y aferramientos al cargo

Ante su peor crisis en menos de dos años, el Poder Ejecutivo ha apostado por el silencio y por intentar bajarle el perfil al escándalo.

No fue hasta el viernes pasado en medio de los allanamientos judiciales por la investigación penal, que trascendió la renuncia del abogado Luis Salazar, asesor jurídico del decreto que sin embargo seguirá en Casa Presidencial como delegado para temas LGBTI.

A él se sumaron el martes el viceministro de Planificación, Daniel Soto – firmante del decreto-, y el de Hacienda, Juan Alfaro, quien alegó que se usó su nombre sin autorización para buscar el acercamiento con Sugef; y esta mañana Víctor Morales.

Por el caso también se investiga al mandatario Carlos Alvarado, además del ahora exministro de la Presidencia, Víctor Morales, y la exjefa del despacho presidencial, Felly Salas.

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