Paula Ruiz
Tres horas de audiencia de jerarcas de Gobierno encargados del proyecto de Tren Rápido de Pasajeros (tren eléctrico) ante los diputados de la Comisión Especial de Infraestructura, en vez de esclarecer el panorama generaron más dudas para los parlamentarios.
El martes anterior se presentaron en audiencia Claudia Dobles, Primera Dama; Elizabeth Briceño, presidenta del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer); y Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transportes.
Dentro de las principales preocupaciones están:
- ¿cómo se va a subsidiar el tren eléctrico?
- Diseño del cartel de licitación
- La demanda de pasajeros
- La capacidad del Incofer para estar a cargo del proyecto
Los congresistas consultados coinciden en lo mismo: el tren eléctrico es una gran obra para el país, donde no se cuestiona su necesidad e importancia, pero debe de analizarse con cautela las finanzas detrás del plan.
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Sobre el primer punto, Dobles y Briceño señalaron que Costa Rica deberá pagar entre $50 y $150 millones por año, como subsidio para permitir una tarifa socialmente aceptable, que incentive el uso de este transporte.
Paola Valladares, presidenta de la comisión, dijo que analizó los informes técnicos disponibles en la página web del Incofer y “me generan dudas en relación con el subsidio de la tarifa y la estructuración de la contratación”. “Fueron dos temas que evadieron toda la audiencia, que no manifestaron durante cuánto tiempo tendríamos que darlo”, señaló.
Otro punto tiene que ver sobre de dónde saldrá el dinero para ese subsidio y por cuánto tiempo se mantendrá.
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El martes anterior, Briceño respondió que los recursos saldrían del presupuesto nacional.
Los congresistas aseguraron que la información sobre el monto exacto del subsidio será vital para su decisión final, pues solo así se podrá determinar si realmente es rentable.
“La pregunta es de dónde va a salir el dinero del subsidio, de más impuestos o más préstamos que disparen la deuda pública. Pienso que toda esta información es esencial para analizar costo-beneficio para el país”, consideró Carmen Chan, diputada independiente.
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Cartel e Incofer: un mar de dudas
Esta semana jerarcas de Gobierno estuvieron en audiencia en la Comisión Especial de Infraestructura. (Asamblea Legislativa)
Me preocupa mucho el diseño del cartel de licitación, esto es clave para cualquier proceso de concesión y aquí estará el éxito o no de este proyecto y también es de suma preocupación, los compromisos que asumiremos los próximos 35 años en el pago de este subsidio. Erwen Masís – Diputado del PUSC
El cartel y la capacidad de Incofer para el desarrollo de la obra es otro de los temas que preocupa a los congresistas.
Chan se inclina en que sea elaborado acorde con la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.
“En él se deben establecer claramente las especificaciones técnicas, financieras y legales, así como las bases del concurso público, de manera que se garantice participación justa e igualitaria de los potenciales oferentes y se aplique el principio de publicidad y transparencia entre otros principios que debe primar en este tipo de procedimientos”, señaló la congresista.
Sin embargo Briceño señaló que cuentan con un borrador, el cual va a ser puesto a disposición al público “cuando estemos en proceso precartelario ahí es donde se estructura la concesión”.
Sobre el papel del Incofer, la presidenta ejecutiva, aclaró que la Ley de Fortalecimiento de la institución aprobada en 2016, los faculta para tener una participación preponderante en el tren eléctrico.
Artículo 4 de Ley 9366 Para el desarrollo del proyecto del tren eléctrico interurbano de la Gran Área Metropolitana, se autoriza al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) para que suscriba alianzas estratégicas, dentro del país y fuera de él, o cualquier otra forma de asociación empresarial con otros entes públicos, privados o mixtos, nacionales o extranjeros, de reconocida experiencia en el desarrollo de infraestructura pública y proyectos de transporte ferroviario. En todos estos casos, el Incofer mantendrá la titularidad y el control del proyecto.
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“El Incofer es una institución autónoma que tiene la competencia para hacer la administración del sistema ferroviario. La cuestión es si debe ser la misma institución que supervisa la que ejecute el proceso de contratación”, cuestionó Masís.
Mientras Valladares tiene dudas sobre la capacidad del Instituto para estas gestiones.
“Fue una de mis observaciones, cuestionar si Incofer tiene la capacidad o no, la presidenta defendió que tiene la capacidad, eso igual, estaríamos haciendo el análisis (…) tenemos que estudiar la parte de la ley de Incofer y su capacidad”, afirmó.
Muy al contrario, la independiente Chan sí cree que el Instituto sea el encargado del proceso por ser el especializado en materia de trenes.
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¿Cuántos pasajeros?
El Gobierno estima que por día se trasladarán 200.000 personas. (Incofer)
El Gobierno defiende que por día el tren eléctrico trasladará a 200.000 pasajeros, con una frecuencia de cinco minutos durante 18 horas al día todos los días de la semana.
Con este medio de transporte se pretenden conectar 15 cantones del Gran Área Metropolitana de las cuatro provincias más pobladas del país, y su trayecto será de doble vía sobre 84 kilómetros en el derecho que hay de actualmente:
- las líneas 1 (Paraíso-Atlántico, la 2 (Atlántico-Alajuela) y la línea 3 (Atlántico-Ciruelas) operarán de forma independiente
- mientras que las líneas 4 (Alajuela-Ciruelas) y 5 (Ciruelas-El Coyol) se plantean como extensiones de las líneas 2 y 3 respectivamente.
Los diputados consideran que esos números de pasajeros disminuirán, porque los estudios fueron realizados antes de la emergencia nacional producto de COVID-19. En el análisis que realizan, sostienen que el teletrabajo podría continuar siendo implementados más allá de la pandemia.
“El traslado del riesgo de la demanda podría significar un aumento representativo por concepto de subvención. Este apartado en el cartel de licitación es clave y la discrecionalidad con la que se está manejando este tema se debe transparentar y justificar técnicamente la conveniencia de una u otra decisión”, comentó el socialcristiano Masís.
“Me preocupa el hecho de que los estudios de prefactibilidad del tren eléctrico se hicieron antes del COVID-19, y los jerarcas no respondieron cómo se sostienen técnicamente estudios que no tomaron en consideración las variaciones que se van a dar en la movilidad de las personas tras una crisis sanitaria y económica global”, dijo Chan.
La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) indicó que la vocera es la congresista Carolina Hidalgo, de quien no se obtuvo respuesta para esta nota.
Las discusiones entorno al tren eléctrico surgen, porque el 4 de mayo el Poder Ejecutivo envió una solicitud vía proyecto de ley al Congreso, para la aprobación de un empréstito por $550 millones para realizar esta obra.
Adicional a ese monto, están los $1.000 millones que debería desembolsar la empresa privada a cargo de su desarrollo, así como los $50-$150 millones anuales por parte del Estado.
El próximo martes se espera una nueva audiencia con jerarcas de Gobierno para aclarar dudas sobre este proyecto.
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