Supen aboga por rescatar reforma que reconocería ¢60 mil millones por año a afiliados del ROP

Los afiliados al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) recibirían aproximadamente ¢60.000 millones más por año de aprobarse la reforma propuesta al sistema, según Rocío Aguilar, Superintendente de Pensiones (Supen).

Aguilar defendió los beneficios de la reforma ante el señalamiento del Departamento de Servicios Técnicos sobre los problemas de conexidad de la última versión del texto con el objetivo original del proyecto, propuesto por Eduardo Cruickshank.

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En junio, los diputados aprobaron un texto sustitutivo al proyecto de ley 21.309 relacionado con el ROP, que pretende el retiro en tres desembolsos para quienes hayan adquirido el derecho de pensión y no hayan retirado el total acumulado antes del 31 de diciembre de 2020.

Sin embargo, introduce varios otros cambios al sistema actual que promueve la Supen y que el informe de Servicios Técnicos consideró que “no tienen relación alguna” con la propuesta original que tenía el objetivo de entregar el ROP.

Conexo

Cada mes, los patronos y trabajadores aportan en conjunto un 4,25% para el ROP pero la mayor parte no se deposita inmediatamente en el fondo individual de la persona. De eso, 1,5 puntos porcentuales pasan primero al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y luego se se traslada al ROP durante marzo de cada año mientras que otros 1,25 puntos porcentuales pasan primero al Banco Popular.

Estos fueron parte de las negociaciones iniciales cuando se aprobó la Ley de Protección al Trabajador en el 2000 pero se deben reconsiderar, según Aguilar. Para la Superintendente, la reforma plantea un camino directo del dinero a la cuenta individual de cada trabajador, con lo que se empezarían a ganar mejores rendimientos y se generaría una mejor pensión para los afiliados.

“Esta situación, si bien pudo haber tenido alguna lógica al principio, no es posible que 20 años después esos recursos se sigan quedando en el Banco Popular en perjuicio de los trabajadores (..) Esto está costándole más o menos ¢60 mil millones por año, que están perdiendo los trabajadores y que tienen un impacto en las pensiones futuras”. 

Rocío Aguilar (traje rojo), Superintendente de Pensiones, avaló la propuesta de junio. (Archivo/El Observador).

“Si esos recursos entraran oportunamente a la cuenta del trabajador, de inmediato son invertidos y no está haciendo así porque entran hasta 24 meses después, entonces el rendimiento que se pierde en esos 24 meses menos la tasa que hoy les reconoce el Popular es una suma que nosotros estimamos en ¢60 mil millones”, según Aguilar.

La tasa que reconoce el Banco Popular por parte de los recursos es una tasa por debajo de la tasa de mercado e incluso por debajo de la que el Banco se financiaría en el mercado para intermediación financiera, agregó.

“Básicamente le está generando un perjuicio ese ‘paseo’, y si por alguna circunstancia el Banco Popular o los mismos diputados consideran que los fondos deben quedarse más en el Banco Popular, es un derecho de los trabajadores a que le reconozcan esos recursos a tasas de mercado”, consideró.

Vendrán cambios

Sobre el tema, el informe de Servicio Técnicos señala: “La enmienda propone modificar el ‘fondo de trabajo’ que administra el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.  Nuevamente hacemos énfasis que la reforma introducida no guarda relación con la matriz original del proyecto de ley, razón por la cual la enmienda se constituye en inconexa y podría acarrear un vicio sustancial en el procedimiento.”

Aguilar considera que el reporte de conexidad está hacienda una interpretación restrictiva que dejaría poco margen a los legisladores para mejorar, reforzar o ampliar el contenido del proponente de un proyecto.

“Ese efecto implica que al final de la vida para el trabajador, la pensión se le ve reducida porque esos fondos no entraron oportunamente o aún entrando tarde por lo menos”, argumentó. 

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Por su parte, el diputado Cruickshank consideró que los diputados tienen que llegar a un nuevo acuerdo que se estaría discutiendo durante las próximas semanas.

“Los informes de servicios técnicos son meramente recomendaciones, entonces algunas cosas que a nosotros también nos parece que podrían ser inconexos, posiblemente los quitemos y otros no“, comentó. 

“Posiblemente se presente un texto sustitutivo para cambiar un montón de cosas de ahí. Es un tema que va a recobrar su actualidad cuando baje el proyecto a Plenario, que creo que será en un par de semanas“, puntalizó.