Tomás Gómez
La votación en primer debate de la ley que permitirá trasladar ¢75.000 millones del Instituto Nacional de Seguros (INS) al Gobierno para la atención de la pandemia genera preocupación en el Superintendente de Seguros, Tomás Soley.
Aunque el supervisor avaló los ajustes al proyecto hechos por una moción que reformó el proyecto original, advirtió que se crea un antecedente de cuidado por el acceso a los recursos de entes públicos descentralizados.
“El riesgo mayor que tiene cualquier entidad pública cuando se considera que tiene un exceso de capital es que se siente un precedente que pudiera ser complejo. Hay un riesgo político, siempre en todas las instituciones públicas hay muchas necesidades y muchos proyectos de utilidad pública que son necesarios y útiles para el país pero hay que tener esa dimensión de el INS como cualquier otra aseguradora tiene un capital para un fin específico”, dijo.
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La propuesta original, impulsada por el Poder Ejecutivo, no incluía una ruta para recapitalizar al INS tras la donación a la emergencia, lo cual fue modificado este jueves a iniciativa de la diputada liberacionista Silvia Hernández.
El plan contempla que:
- Durante los periodos fiscales 2020, 2021 y 2022 el INS podrá capitalizar las reservas de reparto si hay utilidades en el Régimen de Riesgos de Trabajo
- En el mismo periodo el INS no tendrá que trasladar la contribución del 10% de sus utilidades sino pasarlas a su capital
- Si la recapitalización se logra antes del 2022 los recursos se manejarán según sus normas de origen y si no se alcanza el monto se deberán mantener las disposiciones anteriores hasta retomar el nivel.
“Es muy satisfactorio ver como los señores diputados han atendido la observación de buscar una fórmula en la cual el Instituto pudiera recuperar ese capital en tanto aleja la posibilidad de problemas en el INS y aleja la posibilidad de tener que echar en algún momento complejo de la garantía del Estado como ha sucedido tristemente con los bancos públicos en el país”, opinó Soley al respecto.
Solo para afectados económicos por la crisis
Los ajustes al proyecto de ley incluyeron también una delimitación para que sus recursos solo puedan destinarse a «las personas que se han visto afectadas económicamente afectadas por la emergencia».
El dinero deberá ser entregado en el plazo de un mes cuando la ley quede en firme, para lo cual falta un segundo debate, la firma de Casa Presidencial y la publicación en La Gaceta.
Los recursos deberán ser entregados al Ministerio de Hacienda.
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