Juan Pablo Arias
El Banco Davivienda Costa Rica anunció este martes que limitará el acceso de sus clientes a las tarjetas de crédito como consecuencia directa de la imposición del tope máximo a los intereses que aprobaron recientemente los diputados.
Empero, informó que no se eliminarán de puestos de trabajo y que se enfocará en un replanteamiento de sus productos para adaptarse a la nueva realidad, tras la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (N°7472).
“Si bien consideramos que la reforma legal lesiona principios fundamentales, entre ellos la seguridad jurídica y en la práctica es una restricción al crédito, seremos respetuosos en todos sus extremos y asumimos el desafío de ser más innovadores, poniendo a disposición del mercado novedosas oportunidades que satisfagan las expectativas y necesidades de nuestros clientes, que constituyen el corazón de nuestra actividad”, explicó Arturo Giacomin, presidente ejecutivo del banco de capital colombiano.
Para el jerarca de Davivienda, la nueva normativa traerá consigo consecuencias importantes como el uso habitual del dinero en efectivo, el cual no solo afecta la trazabilidad de las transacciones, sino también la recaudación de impuestos.
Asimismo, el gerente considera que la limitación al crédito se verá reflejada en las finanzas de las familias ya que se incrementará la demanda de opciones informales con condiciones desfavorables para quienes lo necesitan, en especial los sectores más riesgosos, así como un segmento de la población que tendrá dificultad para emprender y continuar con el apalancamiento financiero ante sus necesidades.
El viernes, el Banco Central publicó por primera vez el nuevo límite máximo a los intereses, el cual se estableció en 37,69% para las operaciones en colones y 30,36% para las deudas en dólares. Tras la publicación, cualquier nuevo financiamiento deberá gestionarse en una tasa igual o inferior a estos topes.
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Cambios en el mercado
La entrada en vigor del límite máximo a las tasas de interés ha provocado reacomodos en el mercado de crédito del país.
La aplicación de un tope conduce a que muchas operaciones de crédito se vuelvan poco rentables para el negocio financiero.
Menores garantías de los clientes generalmente son compensadas con tasas de interés más altas que enmiendan el riesgo de impago. Estas personas ahora quedarían excluidas de una buena parte del crédito formal.
Uno de los primeros bancos en reaccionar al tope de intereses fue el BAC Credomatic, que anunció el cierre de sus tarjetas a 79.800 clientes y el cese de casi 400 empleados, así como el cierre de 11 puntos de atención al público.
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El banco informó que el impacto de los nuevos topes a las tasas, según lo dispuesto en la Ley 7472, combinado con el bajo crecimiento esperado para este año, obliga a la institución financiera tomar estas acciones, para adaptar la organización a la nueva situación del mercado.
Scotiabank, por su parte, anunció que ajustará las tasas máximas de sus tarjetas de crédito y financiamientos de leasing. Para ello estableció sus límites en 37,65% en colones y 30,30% en dólares, ligeramente por debajo del máximo establecido.
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En el caso del Banco Promérica, la entidad optó por hacer un ajuste generalizado a su portafolio de tarjetas de crédito y puso en análisis cerca de 30.000 plásticos de sus clientes.
La decisión de ajustar las tasas la extenderá a la totalidad de sus tarjetas de crédito y no solo a las nuevas, pese a que la ley no es retroactiva.
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Según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), cuando menos serían 120.000 los clientes que podrían quedarse sin tarjeta de crédito.
El sector de los préstamos rápidos también informó sobre cambios. La empresa «Beto» confirmó que suspendió el otorgamiento de nuevos créditos, mientas que Instacredit informó sobre un ajuste en su estructura y un relanzamiento de su marca.
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En el caso de la Caja de Ande, la institución informó que no prestará a los clientes cuyo salario líquido sea inferior a ¢200.000 debido a que se expone a una multa millonaria establecida en la reforma que establece topes a las tasas de interés.
«De no acatar tal disposición, Caja de Ande sería multada con 1% o 2% de su patrimonio por cada incumplimiento, aproximadamente ¢10.000 millones», señaló la entidad.
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