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Tras años de polémica y presas, Gobierno y Globalvía llegan a acuerdo para ampliar ruta 27

Tras meses de espera y conversaciones, y años en que la ruta 27 no ha aguantado el flujo vehicular, la…

Por Paula Umaña

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Tras años de polémica y presas, Gobierno y Globalvía llegan a acuerdo para ampliar ruta 27
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Tras meses de espera y conversaciones, y años en que la ruta 27 no ha aguantado el flujo vehicular, la empresa Globalvía y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) firmaron un memorándum de entendimiento para la ampliación de la carretera San José- Caldera.

Es decir, el Gobierno y la compañía internacional ya cuentan con una hoja de ruta para llevar a cabo las negociaciones y las labores para la ampliación de la ruta en el modelo de concesión.

El Poder Ejecutivo proyecta iniciar las obras para el 2021, año del bicentenario de la República.

El ministro Rodolfo Méndez firmó la carta de entendimiento. (Paula Umaña/El Observador)

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Según indicó el secretario General del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), José Manuel Saenz, ya definieron los alcances de los estudios técnicos necesarios, como el topografía y estudios de tráfico. Este último concluirá en febrero.

El jerarca insistió en la necesidad de concluir todos los estudios técnicos para definir tanto los carriles a los que se ampliaría la carretera, así como el modelo financiero que se utilizaría.

En mayo del 2019, se conoció la primera propuesta de ampliación, que Globavía tasó en $570 millones. Pero al llegar al cargo en julio, Sáenz insistió en la necesidad de realizar estudios técnicos para conocer posibles costos y detalles del diseño.

El nuevo proyecto maneja la idea de ampliar el plazo de concesión del contrato de Globalvía y modificar los precios de los peajes.

Además, el CNC proyecta enviar a análisis de la Contraloría General de la República (CGR) la adenda contractual antes de octubre de este año.

“Ha sido un trabajo de construir confianza con la empresa para poder llegar a establecer lo que es hoy una realidad, la hoja de ruta clara para la ampliación de ruta 27”, manifestó el presidente Carlos Alvarado esta mañana en la firma en Casa Presidencial.

El mandatario resaltó que la ruta es clave para la actividad turística y el sector logístico productivo, al conectar con áreas de importancia como Caldera.

“Queremos hacerlo bien. Creemos en los modelos de concesión”, dijo Alvarado, quien aseguró que no sólo las carreteras deben construirse bajo esta figura.

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Largo camino siempre en concesión

Este miércoles, el presidente Carlos Alvarado saludó a los personeros de Globalvía. (Paula Umaña/El Observador)

Las conversaciones para ampliar la ruta, concesionada a Globalvía, iniciaron el año anterior. Sin embargo, la idea de ampliar la ruta es de antaño y se presentaron propuestas desde el 2014.

En abril del año anterior, el Ejecutivo designó a André Garnier, ministro de Enlace con el Sector Privado, como el principal encargado de negociar el proyecto.

“El proyecto de ampliación no había sido prioridad para gobiernos anteriores. Llegamos a la conclusión de que al país le convenía una ampliación que ya venía en el contrato”, señaló Garnier.

“Esta obra es una de las obras impostergables que requiere el país”, señaló el ministro Rodolfo Méndez.

“La infraestructura del país hay que mejorarla, eso es impostergable. Damos la certeza al concesionario de que esta administración cree en la concesión de obra pública, necesaria para poder realizar como socios de la empresa privada obras y servicios que no podemos resolver sin la aplicación de ese instrumento”, destacó.

Javier Pérez de Globalvía, afirmó que las infraestructuras crean desarrollo. “Son necesarias para generar riqueza. Hemos estado dedicados a que este proyecto siga funcionando”, enfatizó.

El director ejecutivo de Globalvía, Javier Pérez, aseguró que la empresa quiere que el proyecto funcione. (Paula Umaña/El Observador)

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Diseño insuficiente y promesa incumplida

En mayo del 2019, la empresa española Globalvía presentó una primera propuesta económica para la ampliación de la ruta San José-Caldera, que visualizaron con un costo de $570 millones, casi el doble de lo que costó la construcción de la carretera actual.

No obstante, esa cifra era “especulativa” y sin base técnica, según lo había indicado Sáenz a El Observador.

Para llevar a cabo el plan, el Gobierno deberá continuar con las expropiaciones necesarias a lo largo de la carretera para ampliar los carriles. Este proceso inició desde el año pasado.

Las expropiaciones en el sector Escazú-Ciudad Colón ya tienen un avance de 90%.

Las autoridades reconocen la importancia de apurar el paso en la ampliación, en una vía por la cual transitan más de 50 mil conductores a diario en “recorrido completo”.

Óscar Arias inauguró prematuramente la obra en enero del 2010, a poco meses de dejar la Presidencia y mientras impulsaba a su eventual sucesora Laura Chinchilla. Pero en pocos meses se derrumbó la “promesa” de Arias, pues salió a relucir que la carretera no aguantaba la demanda de los conductores.

Ya en el 2014, la concesionaria tenía su plan de ampliación. Seis años después, el Gobierno apenas está en el punto de partida. El enorme y complejo contrato ya acumula cinco adendas y ahora necesitará una más, para llevar a cabo la urgente ampliación.