Tomás Gómez
Con comprobantes de pago en mano, los abogados del presidente Carlos Alvarado solicitaron al Ministerio Público que desestime la investigación abierta contra el mandatario por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
El expediente judicial fue abierto por la Fiscalía para investigar el paseo familiar del mandatario, quien pasó el fin de semana en el Hotel Punta Islita destino al cual viajó en helicóptero.
De acuerdo con los abogados Rodolfo Brenes y Róger Guevara, que han manejado la defensa de Alvarado en otros temas como la UPAD, la causa debe ser desestimada y archivada.
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“En nuestro ordenamiento jurídico existen 2 normas que prevén esa delincuencia, una en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y otra en el Código Penal. Los hechos investigados no calzan dentro de ninguna de las hipótesis previstas por esos tipos penales”, indicaron los abogados.
En respaldo de su petición, los juristas presentaron copia de todas las facturas del viaje -que ya se habían publicado el lunes- y adjuntaron el depósito hecho al Ministro de Coordinación con el Sector Privado, André Garnier, este miércoles.
Este último estaba pendiente de justificarse pues se trató de un vuelo hecho por Servuss S.A., una empresa en la cual participa Garnier.
De acuerdo con correos electrónicos intercambiados por los jerarcas, el costo del viaje se pagaría a medias, por lo que Alvarado debía pagarle a su ministro un total de $930.
La cifra fue cancelada este miércoles al transferir el dinero a la cuenta personal del ministro en el Banco BCT.
Paseo de la discordia
Luego de varias publicaciones en redes sociales el Gobierno confirmó el domingo por la noche que el presidente Alvarado había viajado a Nandayure.
Los cuestionamientos siguieron hasta que el lunes por la noche Casa Presidencial compartió los comprobantes de pago del viaje, en los cuales se mostró que los desplazamientos aéreos se habían dividido con el ministro Garnier.
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El viaje generó diversas críticas y la intervención de la Fiscalía tras la cual el presidente indicó que no daría más declaraciones dada la judicialización del caso.
Los señalamientos políticos también han incluido a Garnier, cuya salida ya fue exigida por varios diputados y el Partido Liberación Nacional.
