Tomás Gómez
Ante el llamado de atención de los relatores especiciales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre las amenazas que siguen recibiendo los pueblos indígenas costarricenses por los atrasos en las investigaciones por agresiones en su contra, el Gobierno lanzó un comunicado en el que asegura que avanzan las medidas de protección.
De acuerdo con Casa Presidencial, se ha dado seguimiento a las medidas cautelares giradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de los pueblos Teribe y Bribri.
El Poder Ejecutivo prometió, además, que se trabaja en la generación de la “Política Pública para los Pueblos Indígenas 2020-2024” y que se da acompañamiento de seguridad en las zonas de conflicto.
Sobre la recuperación de tierras a cargo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), acotó que hay avances en 16 de las 24 territorios.
Alerta internacional
El lunes fue publicado un informe de la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, en el que se hace alusión a los asesinatos de Sergio Rojas y Yehry Rivera, así como los ataques contra Minor Ortiz y Pablo Sibar, todos en Costa Rica.
«Al parecer, los responsables de las intimidaciones, amenazas, disparos y asesinatos andan sueltos, cuando sus víctimas son personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas», dijo Lawlor.
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De acuerdo con la experta, la muerte del dirigente Rojas en marzo del 2019 ha representado un auge en las agresiones.
«No está claro si las autoridades se encuentran más cerca de identificar a los responsables», mencionó sobre el caso del dirigente bribri.
El informe fue respaldado por Francisco Cali Tzay, relator especial sobre derechos de pueblos indígenas, quien pidió llevar ante la justicia a los responsables de los delitos contra los grupos originarios.
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