Paula Ruiz
El Partido Acción Ciudadana (PAC) fue condenado a pagar $153 mil (unos ¢89 millones) a Producciones Jaulares S.A. por el impago de servicios presentados para la campaña electoral de Luis Guillermo Solís.
La empresa había planteado la demanda en marzo de 2015 por $400 mil que incluía 11 facturas, impuestos, daño moral, indexación y honorarios profesionales.
Anthony Cascante, secretario general del PAC confirmó la sentencia emitida desde el Tribunal Primero Colegiado de Primera Instancia Civil del Primer Circuito Judicial de San José.
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El representante de partido oficialista, informó que la sentencia se basa en el no pago de las facturas, que en 2014 no fueron reconocidas como válidas.
La tesis que mantuvo el partido ante los jueces, fue que no habían contratos de por medio y que los servicios no fueron autorizados por el Comité Ejecutivo Nacional.
“Hoy nos informaron que la sentencia salió favorable a Jaulares”, manifestó Cascante.
Anthony Cascante, secretario general del PAC (izquierda), reconoció que no cuentan con el dinero para pagarle a Producciones Jaulares S.A. Foto cortesía Prensa PAC.
Posible recurso
El secretario general del PAC, aseguró que aún no han leído la sentencia pero de antemano, valoran un recurso de apelación.
Cascante fue claro en que no cuentan con el dinero para sufragar el pago.
“Hay cosas que podríamos hacer, por ejemplo un arreglo de pago, pero vamos a valorar la sentencia y ver si amerita alguna apelación”, declaró a El Observador.
Producciones Jaulares S.A. fue la encargada de las “Rutas de la Alegría” que utilizó el partido para promover la candidatura de Solís, así como el evento en Plaza Roosevelt para celebrar el triunfo del ahora exmandatario.
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Esta es la segunda condena que enfrenta el PAC, pues la primera fue registrada en 2016 por la estafa contra el Estado a través del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), mediante el cobro de 263 contratos por servicios profesionales, pese a que sus firmantes afirmaron haber realizado las obras ad honorem.
El 31 de enero anterior, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que un tribunal declaró con lugar un recurso de apelación, para precisamente, tomar esos 263 contratos y no los 182 que se contemplaron en la sentencia de 2016.
Por esa revaloración del monto, volverán a juicio.
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