Manuel Sancho
La Universidad de Costa Rica (UCR) aún no ha construido ni aprobado internamente el presupuesto extraordinario que pretende enviar a la Contraloría General de la República (CGR), para tener más fondos en su plan de gastos del 2020. Este debió ser el mismo que el año pasado.
La UCR, al igual que las restantes casas de educación superior públicas, trabajan en el 2020 con el mismo presupuesto del 2019. El año pasado, la Contraloría archivó sin trámite los planes de gasto de las entidades, debido a que incumplieron la regla fiscal contemplada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Pero el 30 de enero pasado, la institución avisó que buscaría imponer su voluntad de pagar beneficios salariales con un crecimiento igual al que siempre lo ha hecho, a través de un presupuesto extraordinario. Según confirmó la Oficina de Divulgación e Información (ODI) el presupuesto extraordinario está en proceso de formulación, pero sin fecha definida para enviarlo al ente contralor.
Antes, tiene que ser avalado por el Consejo Universitario. “Hasta que no se finalice el proceso de formulación, no es posible definir un monto”, respondió la ODI, ante consulta de El Observador de a cuánto ascenderá el presupuesto extraordinario.
El Consejo aprobó el presupuesto 2020, que tuvo que ser ajustado a los recursos utilizados el año pasado. Pero en enero, Carlos Araya, vicerrector de Administración, aseguró que se harían ajustes mediante un presupuesto extraordinario “o modificaciones según corresponda”. El objetivo es pagar ajustes salariales, incluyendo los pluses y anualidades, de forma retroactiva.
“Los pagos relacionados con el ajuste salarial por reconocimiento de incremento en el costo de vida, anualidad u otros similares se harán efectivos de forma retroactiva una vez que la CGR apruebe el presupuesto extraordinario”, señaló la UCR en un comunicado el mes pasado.
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Eso sí, la UCR no tiene certeza de tener el aval de la Contraloría. “Se cumplirá con las disposiciones del ente contralor en la formulación presupuestaria, tal como se ha realizado siempre”, mencionó.
Por disposiciones de normativa, la UCR puede gestionar hasta tres presupuestos extraordinarios a lo largo del año. En este momento, la institución no maneja montos para eventuales envíos al ente contralor.
Lo que sí insisten las autoridades universitarias, es que necesitan más recursos.
“Los ajustes tienen el propósito de otorgar el presupuesto originalmente formulado y aprobado por las instancias respectivas, a las unidades ejecutoras. Es decir, no implica reasignación ni redireccionamiento de recursos; si no que lo que se pretende es complementar el presupuesto ajustado ya enviado a la CGR, para asignar el presupuesto planificado originalmente”, respondió la UCR.
A pesar de que señalaron que buscaban más dinero para pagar ajustes salariales, la UCR dice desconocer el monto adicional que requieren. “Ese dato será definitivo hasta el momento que el Consejo Universitario apruebe el presupuesto extraordinario uno”, afirmó la ODI.
La UCR trabaja este año con un presupuesto de más de ¢291 mil millones. El 73,25% del monto se usa para pagar salarios a 9.969 funcionarios, que conformaban su planilla a diciembre del 2019, según detalló la casa de enseñanza.
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Tensiones y exigencias
En su proceso de reclamos y manifestaciones, en octubre del 2019, los rectores se reunieron con el presidente Carlos Alvarado y lograron que cediera a sus pretensiones. (Presidencia)
El 19 de diciembre del 2019, la Contraloría informó que archivó sin trámite los planes de gasto del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las universidades de Costa Rica, Nacional (UNA), Estatal a Distancia (UNED) y Técnica Nacional (UTN), así como el Instituto Tecnológico (ITCR).
Esto por cuanto no siguieron lo ordenado en el artículo 19 del cuarto título de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que establece límites al crecimiento del gasto.
El ente contralor explicó que, pese a las gestiones y ante la omisión de una certificación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), sobre el cumplimiento de la regla fiscal, lo que procedía era el archivo del presupuesto 2020.
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Las casas de enseñanza se negaron a presentar ante la STAP información que se le solicitó a todas las instituciones del sector público no financiero, con la cual se puede certificar o no el cumplimiento de la regla fiscal.
A finales del año pasado, el rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y nuevo presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Luis Paulino Méndez, dijo a El Observador que el presupuesto es suficiente, pero se necesitaban ajustes.
Las universidades estatales insisten en que la reforma fiscal, en el apartado de la regla fiscal, no les atañe y tienen derecho a incumplirla. Por eso acudieron a la Sala Constitucional, para evitar acatarla en sus presupuestos.
A inicios de esta semana, la Sala Constitucional admitió una acción interpuesta por los rectores de las universidades públicas contra el decreto que regula una serie de cambios en el cálculo de los incentivos salariales de sus funcionarios.
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Manuel Sancho
