Un llamado a la cordura en los tiempos del COVID-19

Por: Gerardo Corrales B, economista.

En los últimos días, a propósito del grave daño económico que está produciendo la pandemia del COVID-19, se escuchan una serie de propuestas monetarias muy creativas y llamativas de distintos proponentes, pero que en mi humilde opinión, no tienen el sustento técnico correspondiente y podrían meter al país en una seria crisis de liquidez y eventualmente, después de superada esta enfermedad, en una grave crisis económica.

Incluso hay economistas que sin mayor evidencia o sustento, se atreven a vaticinar, de la forma más irresponsable que he visto, como si fuera los nuevos Nostradamus del Siglo, “una quiebra inminente del sistema financiero”.

Por mi experiencia de más de 25 años en el sector y experto en la materia, quiero respetuosamente hacer un humilde, pero contundente llamado a la cordura, racionalidad y mesura pues tirar así porque así, calificativos injustificados, puede tener efectos perversos y meter al país en una situación no deseada, mucho menos en este momento, cuando lo que realmente se necesita es la unión nacional y la participación de los mejores cerebros en los distintos campos del quehacer humano, para minimizar el daño en salud y económico que estamos viviendo.

Adjunto la situación técnica del sistema financiero a diciembre del 2019, según datos que están publicados en la página de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), donde se utiliza una metodología mundialmente aceptada, conocida como el CAMELS, para hacer un diagnóstico de la posición financiera de nuestras entidades de intermediación.

Es evidente y el cuadro se explica por sí solo, al comparar los datos con la segunda columna que establece los niveles mínimos en distintos indicadores que se debe tener, que ni los bancos del Estado; bancos privados; cooperativas y el resto de intermediarios, muestran ningún tipo de problema o irregularidad.

En resumen, la suficiencia patrimonial, que mide los niveles de capital o patrimonio (aporte de los socios) mínimo que se debe tener respecto a los recursos invertidos o activos ponderados por su nivel de riesgo de incumplimiento de pago o recuperación, es holgada en todos ellos, pues el mínimo es de un 10%.

La mora a más de 90 días se encuentra controlada antes del COVID-19 y si bien es cierto, es de esperar un aumento en este indicador, ya el Conassif y la Sugef, anunciaron la flexibilidad explicada por las circunstancias para que las entidades puedan seguir manejando este indicador sin entrar en problemas.

Los indicadores de cobertura de liquidez, es decir, la relación entre la recuperación de recursos respecto a las salidas por vencimientos de obligaciones o pasivos, es holgada tanto en colones como en dólares y además, también en este tema, los reguladores han mostrado flexibilidad en las escalas de medición para enfrentar la crisis actual.

Finalmente, se muestra la nota o calificación total que para estar en grado normal, se debe ubicar entre 1 y 1,75, entre más cerca de 1 mejor y se observa que todos los intermediarios están en una sana condición, lo cual permite concluir que la solidez del sistema financiero costarricense es una de las grandes fortalezas de nuestra economía para nuestra fortuna, para enfrentar la pandemia.

Con esto, es evidente que las alucinaciones que algunos están viendo, corresponden más bien a posturas ideológicas infundadas muy peligrosas que persiguen otros fines totalmente populistas o electoreros y el único argumento que utilizan es atacar al cuerpo al mensajero, tratando de desacreditarlo porque tiene experiencia bancaria o en mi caso, porque hace más de 4 años, pertenecía a una entidad financiera, pero nunca atacan el contenido del mensaje por falta de argumentos técnicos sólidos.

Es como que a un médico experto retirado, en esta situación de crisis mundial, le impidieran opinar o emitir su criterio técnico con el argumento que perteneció en el pasado al gremio sanitario y por tanto, su opinión está sesgada. Por Dios, totalmente injustificado.

Agrego solo una par de conceptos más, básicos para entender el funcionamiento de la actividad financiera, tan necesarios hoy en medio de la ola de ataques y desconocimiento generalizado que tiende a satanizar a los intermediarios y a todo áquel que los defienda.

Los sistemas financieros del mundo se les conoce con el nombre de sistemas fraccionados, es decir, se mantienen reservas de liquidez equivalentes a un porcentaje de los depósitos captados del público.

Normalmente ese porcentaje es el encaje mínimo legal y una reserva adicional según la volatilidad de los fondos en cuenta corriente.

De igual manera, se trata de una actividad económica de alto apalancamiento en el sentido que por cada colón de recursos aportados por los dueños del banco o accionistas, se captan ahorros del público hasta por once colones más.

Por tal razón, la estructura del sistema financiero mundial se cimienta sobre el esquema del prestamista de última instancia, rol que juega el ente rector, conocido como el Banco Central, tanto a nivel de compra de títulos valores del gobierno o por medio de descuento de la cartera de crédito, en caso que los intermediarios financieros tengan necesidad de acudir a dicha entidad en búsqueda de fondos para atender requerimientos extraordinarios de liquidez.

Una de las funciones básicas del Banco Central es velar por la estabilidad y solvencia del sistema financiero, no como han dicho algunos de forma insultante, que lo hacen para salvar el patrimonio de los dueños de los bancos privados, nada más alejado de la realidad, lo que está en juego es proteger los ahorros de todos los ciudadanos en el sistema, que en nuestro país son más de $50 mil millones a febrero del 2020.

Ahora quiero referirme a una serie de propuestas bien intencionadas de algunos reconocidos ex banqueros o políticos sobre el uso de las reservas monetarias internacionales en poder del Banco Central.

Antes de esto, debemos repasar el marco legal que rige el funcionamiento de nuestro Banco Central, pues de acuerdo con el principio de legalidad, dicha entidad, solo puede hacer lo que le esté estrictamente permitido por la ley.

El Banco Central tiene la facultad exclusiva, otorgada por el artículo 44 de su Ley Orgánica, de la emisión de billetes y monedas en el territorio nacional. Sin embargo, este derecho no es a libre criterio de dicha entidad, sino que su artículo 50 delimita claramente para que fines o propósitos puede hacer uso de tal poder de emisión:

a) Comprar oro y divisas extranjeras.

b) Realizar las operaciones de crédito, redescuentos, préstamos y las inversiones en valores mobiliarios, autorizados expresamente en esta ley.

c) Efectuar las inversiones en bienes raíces para el servicio de la Institución y las que realice en muebles, materiales, instalaciones y útiles necesarios para su funcionamiento, así como las inversiones originadas en el funcionamiento de la biblioteca, la adquisición de colecciones arqueológicas y numismáticas y otras semejantes.

d) Pagar los cheques librados contra las cuentas corrientes, cancelar sus demás depósitos y rescatar los bonos de estabilización que emita conforme a lo dispuesto en esta ley.

e) Canjear billetes por monedas y viceversa.

f) Ejecutar las operaciones que, como Banco Central o agente del Estado, realice con las instituciones bancarias y monetarias internacionales, de acuerdo con los convenios suscritos y ratificados por la República.

g) Satisfacer los gastos, intereses, comisiones y demás obligaciones originados por su normal funcionamiento y por el movimiento de sus cuentas de resultados y de capital.

Por otra parte, el artículo 52 le da facultades de otorgar crédito al Banco Central, pero éste de igual forma se encuentra limitado.

En particular, destaco los siguientes incisos de dicho artículo:

a) Para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero, podrá redescontar a las entidades financieras sujetas a la supervisión de la SUGEF, los documentos de crédito que reúnan las formalidades de la ley y se encuentran normados en el recién aprobado reglamento de prestamista de última instancia por parte de su Junta Directiva.

b) Comprar letras del tesoro, emitidas de acuerdo con la ley por parte del Gobierno de la República con un límite de no más de un veinteavo del total de gastos del Presupuesto General Ordinario de la República, cerca de $900 millones.

Este instrumento fue utilizado por el Banco Central, a fines del año 2018 cuando el Ministerio de Hacienda se encontraba en una serie situación de iliquidez, por un plazo limitado y con una ley de reforma fiscal aprobada, de tal manera que el riesgo de emisión estaba acotado prudentemente como así fue en la práctica.

Muy diferente a la situación actual incierta en cuanto a montos de necesidad de financiamiento que tenddrá el gobierno y el resto de entidades del sector privado y sin saber por cuanto tiempo.

f) Comprar y vender valores en los mercados bancarios y bursátiles, mediante la figura del reporto u otros similares, utilizando para ello valores emitidos por el propio Banco Central o por el gobierno, que estén en circulación y que provengan del mercado secundario.

Obsérvese que la Ley es muy clara en establecer que no puede ser compras de títulos emitidos por primera vez por el Gobierno, es decir, mercado primario, sino que se utilizan estas transacciones para darle liquidez a las emisiones de obligaciones ya emitidas.
Esta función se realiza en el Mercado integrado de la Liquidez ( MIL ) o por medio de participación directa del Banco Central en la bolsa de valores.

Finalmente, el artículo 59 de la ley indicada, estrictamente le prohibe al Banco Central otorgar financiamiento al Gobierno de la República o instituciones públicas, salvo las expresamente ya indicadas.

Después de este repaso del marco normativo que rige el funcionamiento del Banco Central, voy a referirme a algunos conceptos básicos de economía.

Se definen las emisiones de dinero órganicas como aquellas que surgen de una real necesidad por un mayor crecimiento económico y producción, que requiere mayores medios de pago para adquirir esa cantidad adicional de bienes y servicios.

Por el contrario, las emisiones inorgánicas se dan cuando, sin que se haya alterado la actividad real de la economía o la producción de bienes y servicios, el Banco Central emite dinero sin ningún tipo de respaldo.

Esto hace que el público tienda a gastar más en compras, pero al no verse incrementada la oferta, se generan efectos inflacionarios o incluso hiperinflacionarios, que destruyen el poder real de compra de los salarios e ingresos de las familias y empresas, causando distorsiones en el cálculo económico y metiendo al país en una serie crisis económica. Algunos llaman a estas emisiones, “helicopter money”.

Veo, con preocupación, como empiezan a popularizarse algunas propuestas que establecen que no importa que el Banco Central tome parte de sus reservas monetarias internacionales, es decir, las inversiones en el exterior, supuestamente propiedad de dicha entidad, pues son muy altas, para comprar bonos primarios al Gobierno, ya de por sí prohibido por la ley,  como se describió anteriormente y que con ello, se generen recursos para financiar los gastos extraordinarios de la pandemia y que además tendría efectos negativos en la apreciación del tipo de cambio y mayor pérdida de competitividad del sector exportador y turístico.

Aquí es obligación aclararle al público en general, que si bien es cierto el saldo de las reservas a febrero de este año eran de $8.102 millones, hay una parte de las mismas que no son propiedad del Banco Central.

Un primer componente de ello, son los depósitos en dólares del mismo gobierno en el Banco Central, que a esa fecha tenían un saldo de casi $400 millones.

Además, la base monetaria, es decir, los billetes y monedas en colones que circulan en la economia, deben tener un respaldo en moneda extranjera pues constituyen un pasivo legal del Banco Central ( $1.460 millones ) más las reservas en dólares de los bancos comerciales en el Central ( $2.995 millones ) que en realidad pertenecen a los ahorros del público en esa moneda en los bancos.

Lo anterior significa que realmente las disponibilidades internacionales de dicha entidad son casi $3.250 millones.

Debe tomarse en cuenta que la liquidación del Fondo de Capitalización Laboral, en el cual aportan cerca de 1,2 millones de trabajadores con un saldo de $1.100 millones, puede hacer que 500 mil personas tengan el derecho de llevarse sus recursos por haber quedado desempleadas o reducidas sus jornadas laborales o sus salarios, lo que representaría cerca de $460 millones y dado que el Banco Central se comprometió a dar la liquidez, quiere decir que de los $ 3 250 millones de reservas disponibles, quedaría un neto de $ 2 330 millones.

Existen iniciativas legislativas que originalmente proponían una moratoria total de las carteras de crédito del sistema financiero, lo cual entre principal e intereses, significan cerca de $ 800 millones mensuales de faltantes en los flujos de caja de los intermediarios.
Si todo lo anterior llegase a materializarse, el saldo neto de reservas caería a $630 millones, para hacerle frente a cualquier otra eventualidad, entre ellas, ser prestamista de última instancia si uno o varios bancos necesitan liquidez para atender sus requerimientos.

Algunos diputados, sin conocer del tema financiero y los riesgos de liquidez, proponen a su vez, liquidar todo el Régimen Complementario de Pensiones (ROP), el cual tiene un saldo que supera los $12 mil millones, el cual se encuentra invertido en su gran mayoría en títulos de gobierno.

Espero que después de leer este artículo, alguien les pueda preguntar a estos señores, de dónde van a sacar la liquidez para convertir los títulos de dicho fondo en efectivo.

Respetuosamente hago un llamado a la prudencia, a la cordura y al respeto de nuestra institucionalidad financiera que ha costado años construirla, para que en un abrir y cerrar de ojos, la pongamos en riesgo, solo por el desconocimiento, o por oportunismos ideológicos o electoreros, o bien por la creatividad, espero bien intencionada, pero sin fundamento técnico del funcionamiento de un sistema fraccionado de reservas en relación a los depósitos y requerimientos de liquidez de la actividad financiera.

Como decía alguien hace muchos años: “Vísteme despacio Sancho, que estoy apurado”