Lucía Sánchez
Este jueves, la Contraloría General de la República (CGR) comunicó que archivará el proyecto de presupuesto para el 2020 del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y las cinco universidades estatales. El rechazo se dio por el incumplimiento de la regla fiscal, contemplada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
El rector de la Universidad Nacional (UNA), Alberto Salom, indicó que esperarán a que la Sala Constitucional resuelva la acción de inconstitucionalidad que presentaron este año, para debatir si interponen otro recurso sobre la decisión de la CGR.
“Vamos a esperar a que eso se resuelva y discutiremos si vamos a interponer un recurso contra esta decisión de la Contraloría, pero eso no nos impide actuar con la flexibilidad necesaria para no quedar sin presupuesto y trabajar con el presupuesto del 2019 mientras se resuelven los recursos”, indicó Salom.
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Sin embargo, era un escenario que ya habían “previsto”.
“Nosotros hemos decidido defender la autonomía de las universidades. La Contraloría General de la República la está irrespetando. Las universidades, por Constitución, no están sometidas ni siquiera a la autoridad presupuestaria.
Prueba de ello es que nunca la Autoridad Presupuestaria ha aprobado o improbado nuestros presupuestos. Menos la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. Por lo tanto era una escenario que nosotros preveíamos”, expresó el Rector de la UNA.
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El Observador consultó al Conare y su nuevo presidente, Luis Paulino Méndez, rector del TEC. Pero el Consejo está reunido analizando este tema.
Regirá el presupuesto del 2019
Las universidades de Costa Rica (UCR), Estatal a Distancia (UNED), Técnica Nacional (UTN), UNA, Instituto Tecnológico (TEC) y Conare deberán mantener el mismo presupuesto que en el 2019.
Según informó la Contraloría, las casas de enseñanza se negaron a presentar ante la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria información que se le solicitó a todas las instituciones del sector público no financiero, con la cual se puede certificar o no el cumplimiento de la regla fiscal.
La regla fiscal es un límite al crecimiento del gasto corriente, sujeto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Así el aumento de un presupuesto está “amarrado” al comportamiento de la economía y de la deuda del Gobierno central. Se contempla en el Capítulo IV de la Ley 9635.
De acuerdo con Salom, los recursos de este año serán suficientes.
“Si lo estoy diciendo es porque nos alcanza. Vamos a hacer los arreglos que sean necesarios. Los aumentos al salario de los trabajadores, vamos a hacer las modificaciones, para que trabajemos con el aumento acordado con el presupuesto 2020, que es inferior al del 2019. Esa modificación sí la vamos a hacer”, señaló.
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Además, Salom expresó que, al menos en la UNA, mantendrán las becas.
“Como siempre lo dije, mantendremos las becas de los estudiantes del aumento. Los vamos a mantener, al precio que sea necesario”, manifestó el rector.
2019 cargado de manifestaciones
Las universidades, el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Hacienda y otros actores han tenido varios conflictos este año, debido al manejo de los recursos.
En julio, el Conare presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Buscan evitar cumplir la regla fiscal en su presupuesto.
El 18 de ese mismo mes se firmó el acuerdo del FEES entre las universidades públicas y el Poder Ejecutivo.
Este documento estableció un redireccionamiento de ¢70.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES), mediante una transferencia de capital, incorporada en el proyecto de Presupuesto 2020. Los rectores alegaron un error de interpretación de Hacienda. Los diputados redujeron el monto a ¢35.000 millones.
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El 14 de octubre, los rectores se declararon en “estado de emergencia” ante la decisión de Hacienda. Dos días después, estudiantes de la UCR bloquearon la Circunvalación en defensa del FEES. También, universitarios de la Sede del Pacífico tomaron las instalaciones.
Tres días después, jóvenes de la UNA tomaron el edificio de la Rectoría. Horas más tarde, iniciaron las tomas en el edificio de Ciencias Sociales y Educación de la UCR.
El 22 de octubre, estudiantes y funcionarios de las universidades públicas marcharon hacia Casa Presidencial en protesta a las modificaciones al Presupuesto 2020. Ese día, los rectores y representantes de las federaciones estudiantiles y el Gobierno se reunieron para negociar.
El resultado de esa reunión, en la que no se incluyó a Hacienda, fue que el Gobierno cedió para detener los cambios en sus fondos y la decisión de cómo se designan.
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Lucía Sánchez
