Manuel Sancho
Hoy la Universidad de Costa Rica (UCR) salió a clamar que el proyecto del Presupuesto 2020, los deja en “estado de emergencia”.
El centro educativo criticó un movimiento del Ministerio de Hacienda, para el plan de gastos del otro año. Se pasaron ¢70.000 millones del Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES), a una transferencia de capital.
Sin embargo la disposición ya había sido discutida, incluida y aceptada en el FEES. Se firmó el 18 de julio por las universidades públicas y el Poder Ejecutivo.
“Las instituciones del Educación Superior Universitaria Estatal en su conjunto realizarán en el 2020 una inversión de capital estimada en ¢70.000 millones”, se lee en la cláusula quinta del acuerdo por el FEES, avalado por las partes hace tres meses.
Hace pocos minutos, el Ministerio de Hacienda reaccionó al mensaje de la UCR de la mañana.
Hacienda defendió que al clasificar como transferencia de capital dentro del Presupuesto Nacional, los ¢70 mil millones, se “garantiza que dichos recursos se invertirán según lo acordado con los rectores en julio 2019”.
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No vulnera autonomía
Rodolfo Cordero, ministro de Hacienda a.i., justificó que la medida “no vulnera la educación superior”. No fue una decisión arbitraria, sino acordada con las universidades públicas.
“Los ¢70 mil millones a los que se hace referencia representan el 13.6% del total de los recursos del FEES, cifra relativamente baja en relación con los ¢512.781,51 millones que conforman este Fondo”, afirmó Cordero.
Hacienda también resaltó que sumado al FEES, las universidades cuentan con varias fuentes de financiamiento. Los recursos que fueron clasificados como transferencia de capital dentro del presupuesto nacional, liberan otros que podrán utilizarse para cubrir becas, salarios e investigaciones.
La UCR y demás universidades estatales insisten en que la reforma fiscal, plasmada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no les aplique como al resto de entidades del Estado y ciudadanos del país.
En mayo ya habían presentado una demanda contra el Estado, en el Juzgado Contencioso Administrativo. También acudieron a la Sala Constitucional.
Manuel Sancho
