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La Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) intentó acceder información crediticia de los costarricenses, que es confidencial.

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) confirmó este viernes que el asesor presidencial, Alejandro Madrigal, les propuso un convenio para intercambiar datos del Centro de Información Crediticia (CIC) lo que el superintendente Bernardo Alfaro calificó como «totalmente improcedente».

La propuesta abría las puertas a que Casa Presidencial tuviera acceso a conocer información financiera individualizada de los ciudadanos, sobre todo en lo referente a las deudas.

«El pasado martes fui informado por un funcionario de esta Superintendencia de que se recibió vía correo electrónico, enviado por Alejandro Madrigal Rivas, una propuesta de convenio para intercambio de la información contenida en el CIC, entre esta Superintendencia y la Casa Presidencial», dijo Alfaro.

«Esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Banco Central, resulta totalmente improcedente, dado que esta Superintendencia se encuentra obligada a guardar total confidencialidad sobre dicha información, por orden de Ley», agregó Alfaro.

Ante las consultas de El Observador, el ente supervisor enfatizó que tal planteamiento no fue ni será tramitado.

Alejandro Madrigal, funcionario de datos de Presidencia, llegó esta mañana al allanamiento de la sede de Gobierno. Tras las preguntas de la prensa optó por negarse a responder (Tomás Gómez /El Observador)

La información más sensible

La polémica por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) explotó el viernes anterior cuando trascendió el decreto de su creación que en su artículo 7 habilitaba el acceso de dicha unidad a información confidencial.

«En cumplimiento de los incisos e) y f) del artículo 8o de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley No 8968, también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera», rezaba el decreto que fue derogado el mismo viernes tras generar una intensa polémica pública.

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Tanto el asesor Diego Fernández, como la viceministra de la Presidencia, Silvia Lara, intentaron defender la gestión de la polémica unidad de análisis de datos aduciendo que se usaba como apoyo en la toma de decisiones del Gobierno.

En esa ocasión, Fernández aseguró que, por ejemplo Casa Presidencial no poseía registros de las transacciones bancarias ni las tarjetas de crédito.

El fin de semana anterior este medio dio a conocer que el mismo Alejandro Madrigal realizó análisis de apoyos políticos del PAC y Restauración Nacional en plena campaña de elecciones municipales.

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El reportaje también mostró otros temas analizados por el funcionario, tales como apoyo a huelgas y asistencia de estudiantes a clases de sexualidad.

Los datos eran trabajados en la aplicación Tableu, de la cual Madrigal eliminó sus registros tras las preguntas de este medio.

Otros cuestionamientos los hicieron Diario Extra al exponer que Casa Presidencial había pedido información de registros de muertes y nacimientos y CRHoy, quienes publicaron las solicitudes de información hechas por el Gobierno a la Caja Costarricense del Seguro Social sobre temas de planillas.

Viernes movido

La noticia de la Sugef llega en una maratónica jornada donde la Fiscalía dirige 10 allanamientos a Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y cuatro casas de habitación.

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El Ministerio Público confirmó que investiga el decreto de creación de la UPAD y los poderes que este autoasignó al Gobierno para acceder a la información más confidencial.

En las pesquisas se investiga al asesor Madrigal y sus compañeros de proyecto, Diego Fernández y Andrés Villalobos.

Además se incluyó en el expediente al mandatario Carlos Alvarado, el Ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el viceministro de Planificación, Diego Soto, todos ellos firmantes del decreto.

Adicionalmente se analiza el papel del asesor jurídico Luis Salazar – redactor del decreto junto a Diego Fernández – y la jefa del despacho presidencial, Felly Salas.

Diego Fernández y Luis Salazar son señalados como los autores del decreto de creación de UPAD. En el texto afirmaron tener el aval del Ministerio de Planificación, un dato que era falso (Presidencia)

COLABORÓ LA PERIODISTA CHRISTINE JENKINS


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Estudiar Derecho me enseñó que lo que realmente cambia las cosas es el periodismo bien hecho.
Si la política o las leyes parecen aburridas es porque nunca nos las han contado de la forma correcta.