Paula Ruiz
Sí se tuvo acceso a datos sensibles los cuales fueron obtenidos a través de convenios a las mencionadas bases. La Defensoría considera que se deben de dejar sin efecto de manera inmediata convenios entre Presidencia e instituciones a las cuales se les requirió esa información.
Así lo confirmó Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, esta noche en conferencia de prensa, tras una investigación realizada en los últimos seis días, relacionada con el tema de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Dentro de los datos a los cuales tuvieron acceso los asesores y funcionarios desde Casa Presidencial, se encuentra el estado socioeconómico de las ciudadanos, así como si tenían algún tipo de enfermedad.
De igual forma, Crespo detalló que no hubo un análisis de riesgo con respecto a la protección de datos, incluyendo protocolos de seguridad, identificación y manejo de los mismos.
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Investigación penal
Crespo indicó que el informe elaborado por esta institución ya fue remitida al Ministerio Público, para la investigación penal que desde allí desarrollan.
Hazel Díaz, de la Dirección de Gobernanza de la Defensoría detalló que los convenios de Casa Presidencial fueron con:
- El Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).
- Registro Nacional.
- Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Díaz indicó que desde la UPAD también buscaron convenios con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para obtener información personal que manejan estas instituciones. Pero ambas instituciones rechazaron la pretensión de Presidencia.
La Defensora hizo un llamado a las instituciones para romper de inmediato con los convenios.
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Otros hallazgos
El informe técnico-jurídico tomó en cuenta tres ejes de acción: el análisis del decreto derogado, el tema de protección de datos y el de riesgos generados por la puesta en operación del equipo de análisis de datos de Casa Presidencial.
Crespo detalló que con respecto al Decreto Ejecutivo que pretendía dar vida a la UPAD así como al acceso de información sensible, carecía de ordenamiento jurídico “al no cumplir con procedimiento, careció de estudios técnicos y consulta externa en materia de protección de datos”.
La Defensora también detalló que hubo roces de legalidad y constitucionalidad con respecto al artículo 7 de ese Decreto.
Crespo también evidenció que el personal a cargo de la UPAD: Diego Fernández, Andrés Villalobos y Alejandro Madrigal eran asesores de Casa Presidencial y no tenían la experiencia necesaria para el cargo. De igual forma, criticó que en la Unidad no había una persona experta en datos o ciberseguridad.
Desde la Defensoría detallaron que durante los 18 meses de funcionamiento de la UPAD, “realizó funciones sin respaldo legal que justifica sus alcances, limitaciones y responsabilidades”.
Este viernes, El Observador dio a conocer que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) confirmó que el asesor presidencial, Alejandro Madrigal, les propuso un convenio para intercambiar datos del Centro de Información Crediticia (CIC) lo que el superintendente Bernardo Alfaro calificó como «totalmente improcedente».
Durante este día, la Fiscalía ha llevado a cabo diez allanamientos en diversos puntos, entre ellos, casas de habitación, el Ministerio de Planificación y Casa Presidencial sobre la UPAD, mediante 45 oficiales.
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