AFP
Dos ciudadanos costarricenses que dicen haber sufrido abusos sexuales a manos de un sacerdote, anunciaron este jueves que viajarán a México para denunciar al religioso, quien estaría en este país.
Michael Rodríguez, de 38 años, y Anthony Venegas, de 33, irán a México el 12 de agosto, en busca de apoyo para localizar al exsacerdote Mauricio Víquez, a quien acusan de abusar de ellos y otros adolescentes cuando eran monaguillos.
“Vamos a pedir la colaboración del pueblo mexicano con cualquier información que pueda dar sobre el paradero de Mauricio Víquez, además de instar a las personas que han sido víctimas de abuso a romper el silencio y sanar”, dijo Rodríguez a AFP.
Huyendo de la justicia
Víquez abandonó Costa Rica en enero pasado y los registros migratorios indican que ingresó a México, aunque sus acusadores desconocen su paradero dentro de ese país.
En febrero pasado, el Vaticano expulsó a Víquez del clero, tras acumular nueve denuncias de abuso sexual. Rodríguez y Venegas aseguran que el número de sus posibles víctimas es mucho mayor.
El exsacerdote se mantiene en fuga con orden internacional de captura, porque una de las denuncias en su contra tiene vigencia penal en Costa Rica.
Bajo la ley costarricense, las denuncias de abuso sexual contra menores prescriben 10 años después de que la víctima cumple la mayoría de edad, de 18 años.
En el caso de Víquez, una de las denuncias en su contra cumplirá ese plazo en setiembre próximo, por lo que los acusadores tienen prisa en localizar al exreligioso.
“Vamos con muchas esperanzas a llevar esta lucha al pueblo mexicano. Queremos ayudar a la búsqueda de este señor y lograr la justicia que esperamos”, declaró Venegas sobre el viaje de tres días a México.
Durante su visita, los dos costarricenses pretenden reunirse también con víctimas de abusos por parte de sacerdotes en México.
Costa Rica aprobó este año la denominada ley de derecho al tiempo, que aumenta a 25 años el plazo de prescripción para casos de abusos de menores a partir de que cumplan la mayoría de edad.
Sin embargo, la nueva legislación, promovida por Rodríguez y Venegas, no se aplica de forma retroactiva al caso de Víquez.
