Christine Jenkins Tanzi
El impuesto a las transacciones financieras, que incluyó el Gobierno en la propuesta original para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tendría que reducirse o incluso descartarse para no dañar la economía, según algunos economistas.
Con solo este impuesto, el Gobierno pretendía recaudar ¢1 billón, o alrededor del 3% de la producción total del país durante el 2021. En la propuesta original, esto representaba la mitad del ajuste fiscal de alrededor del 5,95% del PIB para ese año.
Sin embargo, los economistas consultados indicaron que el impuesto de ¢3 por cada transacción de ¢1.000 tendría que venir acompañado de una larga lista de excenciones, como por ejemplo, el pago de salarios, lo que terminaría complicando su aplicación.
Aunque el presidente Carlos Alvarado retiró la propuesta original del Gobierno este 4 de octubre, desde entonces promueve el diálogo nacional para acordar un nuevo ajuste. Durante las siguientes semanas se discutirán las medidas fiscales, con la meta de tener un acuerdo para el 21 de noviembre próximo.
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“A mí me preocupa el silencio que hay en este momento sobre ese impuesto.
Me parece, por lo menos como lo plantearon, una salvajada. Es un impuesto a matar, tanto que el Ministerio de Hacienda le calculaba un 3% del PIB”, dijo el economista Dennis Meléndez.
También, con la lista de transacciones que deberían de quedar exentas, se terminaría reduciendo el monto recaudado a la mitad, a un 1,5% del PIB o incluso un 1% del PIB, estimó. Al meter nuevas condiciones, se termina complicando su administración e implicaría un proceso más largo para definir bien las reglas para implementarlo.
“En casi todos los países han tenido que dejar que la gente tenga por lo menos una cuenta en donde le depositan su salario y no paga el impuesto a las transacciones financieras. Después empiezan todos los grupos a reclamar sus casos, entonces termina en nada”, agregó Meléndez.
“Salvajada”
Para el 2021, la propuesta original del Gobierno incluía ¢1 billón de este impuesto así como otros ¢725.000 millones en nuevos ingresos y aumentos de tarifas. Por otra parte, los recortes en el gasto público sumarían casi ¢350.000 millones, o un 0,95% del PIB.
En total, la medida de ajuste sumaría un 5,95% del PIB el próximo año, la mitad por el impuesto de las transacciones.
Por un lado, una reforma tributaria que en un solo año aumente la recaudación en un 5% sería un cambio agresivo para la producción del país; además de que se estaba escogiendo un impuesto que podría generar distorsiones, según Meléndez
“Yo veo viable que vayan a introducir algo y que le tengan que meter muchas excepciones, que como pasa en Colombia, al final les va a generar como un 0,5% y con mucho esfuerzo les puede llegar a un 1% del PIB. Sin embargo, aunque lo veo viable no lo veo favorable”, dijo.
Para el economista sería más fácil y directo que se aumente el impuesto al valor agregado (IVA), que ya funciona, no tiene ningún costo adicional administrativo, ni se tienen que emitir reglamentos o nuevos controles.
“No es conveniente más impuestos en este momento, pero si tienen que poner alguno, que usen la lógica y vean cuál es el impuesto más fácil de recaudar y que ya está funcionando”, agregó.
¿Aumento del IVA?
Elian Villegas, ministro de Hacienda, al presentar el impuesto a las transacciones, dijo que evitaría aumentar el IVA del 13% al 20%; además, lo presentó como una medida de recaudación rápida que permitiría reducir la deuda del Gobierno en el corto plazo.
La propuesta tenía la intención de bajar la deuda del Gobierno para evitar que supere el 80% del producto interno bruto (PIB). Este año, la deuda pública se estima que cerraría en alrededor del 70% del PIB, comparado con 58,5% al cierre del 2019.
Sin embargo, justamente una investigación del FMI del 2011 concluyó que debería de evitarse este tipo de tarifas cuando existen impuestos más eficientes.
El impuesto en las transacciones bancarias en los países de Latinoamérica que lo aplican recaudaron entre un 0,3% y un 1,9% del PIB durante el 2009. Sin embargo, encontraron que el monto tendía a reducirse con el paso del tiempo, una vez que los contribuyentes aprendían a evitarlo con pagos en efectivo o cuentas fuera del país.
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Ocho países de la región y otros cinco en Asia implementaron este tipo de impuestos en el 2005, mientras atravesaban crisis financieras. Del total de 13, solo ocho mantenían el tributo en el 2009.
En particular, señalaron que este tipo de impuestos generan “una cascada” de pagos en las cadenas de producción, al tener que pagarse en cada transacción y por cada compra. Una de las potenciales consecuencias es que las empresas terminen integrando la producción, para evitar más compras de insumos a las que se le aplicaría el impuesto; también, podría favorecer las importaciones.
Otras consecuencias serían que los bancos lleguen a cobrar tasas más altas, mientras que los títulos de deuda pagarían mayores intereses para compensar el impuesto.
Primero el gasto
Por su parte, el economista Luis Mesalles coincidió en que se debe reconsiderar el impuesto a las transacciones financieras.
“La verdad es que no sé si van por ahí los balazos: sí pareciera ser que se han topado con que es muy complicado de administrar. Parecía muy fácil, pero no lo es tanto, para que no tenga efecto muy devastador sobre la formalidad,“, consideró.
Además, ante el rechazo a la primera propuesta, cualquier nuevo ajuste también tiene que encontrar un mejor balance con más recortes.
Los cámaras empresariales y los sindicatos coinciden en exigir que se persiga en primer lugar la evasión antes de aumentarle impuestos a los sectores que ya pagan.
Sin embargo, Mesalles señaló que políticamente podría ser más fácil incluir el impuesto a las transacciones que aumentar el IVA.
“No sé al final si lo van a descartar o no. El Gobierno sí ha mandado una señal de que quieren recaudar más impuestos y ese es un impuesto que lo encontraron relativamente fácil. Si esa es la señal, probablemente lo simplifiquen, hagan algunas excenciones o le bajan la tasa”, consideró.
“Yo veo difícil que se vayan a tirar a plantear un aumento de IVA, porque va a costar muchísimo venderlo políticamente”, agregó.
Consecuencias para el mercado
Incluso, la propuesta original del Gobierno reconocía que el impuesto a las transacciones tiene consecuencias no deseadas sobre los depósitos y transferencias.
Sin embargo, la apuesta era que al establecerse solo por solo dos años en un 0,3% y luego reducirse al 0,2% por dos años más, se mitigarían las consecuencias.
En el caso de las operaciones bursátiles de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), aún con una tasa baja, señalaban que se terminarían generando pagos prohibitivos en los mercados con alta frecuencia. Por eso, para los mercados de Liquidez (MIL), de Dinero (MEDI) y la Recompra (REPO), el Gobierno proponía gravar el saldo promedio mensual.
Justamente, el impacto negativo sobre las inversiones se debe evitar, según Edgar Robles, exsuperintendente de Pensiones.
En su caso, señaló que las inversiones de muy corto plazo, por ejemplo de menos de seis meses, pueden tener una tasa de interés tan baja que resultarían pagando más en impuestos.
“Proponer un impuesto de este tipo no solo resulta perjudicial para la actividad económica, sino que además puede salir más caro el costo del financiamiento para Hacienda“, consideró.
En lugar de estar “experimentando” con impuestos nuevos que puedan causar distorsiones, Robles consideró que el Gobierno puede terminar recurriendo al IVA. Pero aún así, primero debe demostrar un compromiso a reducir el gasto público.
“Desde el punto de vista social, no veo la posibilidad de aumentar el IVA más del 1 al 2%, por eso digo que el mayor parte del ajuste tiene que venir del lado del gasto, porque la gente está muy enfurecida”, comentó.
“Por un lado el Gobierno anda con un mensaje de que va a reducir gastos, pero por el otro sigue firmando convenciones colectivas. Entonces los mensajes son muy contradictorios, y la gente por qué va a pagar más IVA si va a seguir esta fiesta“, agregó.
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Christine Jenkins Tanzi
