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Nuevo texto de Ley de Datáfonos sanciona con al menos ¢89 millones a proveedores que incumplan

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La diputada Ana Karine Niño presentará la próxima semana un texto sustitutivo al proyecto de ley sobre comisiones de datáfonos, que se tramita en la corriente legislativa mediante el número de expediente 21.177.

Según la liberacionista su propuesta tiene cambios significativos con respecto de la propuesta inicial, pero continúa alineado al presentado por el oficialista Welmer Ramos.

La idea es que a partir de la próxima semana, el texto sustitutivo sea enviado a consulta de diversas entidades. Luego iniciará con una serie de audiencias en la Comisión de Asuntos Económicos, para blindar la iniciativa.

El proyecto 21.177 se llama “Ley para determinar las condiciones de intercambio y adquirencia por las transacciones de compra con tarjeta de crédito y débito”, se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos.

La iniciativa propone que los márgenes de ganancia por el uso de datáfonos sean determinados por el Banco Central y el Ministerio de Economía. En la actualidad, la definición depende de los bancos que ofertan el servicio electrónico, de modo que los comercios pagan por cada transacción comisiones que incluso llegan hasta un 7%.

OBSERVE MÁS: Sector comercio aplaude apoyo de Gobierno a proyecto que reduce comisiones de datáfonos

Los cambios

La diputada Karine Niño lidera la propuesta de texto sustitutivo que será presentada la próxima semana. (Facebook)
  • Se busca incluir además de los datáfonos, otros medios de pago, como aplicaciones tecnológicas, siempre y cuando, haya un costo de intermediación.
  • El planteamiento de Niño es que el Banco Central de Costa Rica (BCCR) fije comisiones máximas de adquirencia, intercambio y otras comisiones o cargos que podrán cobrar los proveedores de servicios por el uso de los dispositivos de pago. Indica porcentajes de comisiones a través de estudios de mercado.
  • El texto sustitutivo establece que esas comisiones máximas sean por un plazo de 12 meses, mientras Ramos planteó que fueran durante 24 meses.
  • Niño propone que las comisiones máximas sean las mismas para tarjetas de crédito y débito, mientras el que planteó el Partido Acción Ciudadana (PAC) originalmente maneja diferencia entre ambas.
  • Se agrega que el BCCR pueda solicitar información a proveedores de servicios, afiliados y clientes para cumplir los objetivos de la ley que se pretende.
  • Se establece la obligatoriedad para que las entidades financieras brinden la información necesaria al BCCR.
  • Se establece un régimen sancionatorio, para quien incumpla con disposiciones como no entregar la información en plazo, no entregarla del todo, o emitir datos falsos.
  • Busca una multa para el proveedor que incumpla con los topes máximos. El monto a pagar es el equivalente al cobro en exceso que haya realizado y nunca menor a 200 salarios base (Poco más de ¢89 millones, pues el salario base ronda los ¢446 mil)
  • También tendrá que publicar en dos diarios de circulación nacional, en página completa y durante tres días consecutivos, la sanción y motivos que sustentan su aplicación.
  • Ambos planteamientos establecen que sin diferencia de comercio, las comisiones serán las mismas.

Texto de consenso

La verdiblanca defendió que su propuesta es de consenso y está siendo trabajada desde la subcomisión. No obstante, reconoció que aún existen dudas por el régimen sancionatorio que se pretende.

Welmer Ramos, quien respalda el texto sustitutivo, reconoció que ya estudió la propuesta y le realizó observaciones.

“No hay tanta diferencia. Todos los proyectos que entran es para ser mejorados. Lo importante es que el proyecto está siendo mejorado y que va a solucionar el problema que el proyecto original se planteó”, manifestó el diputado del PAC.

Para el economista es urgente legislar en esta materia, pues esas comisiones varían de un comercio a otro. Por ejemplo en gasolineras un 2%, mientras en pulperías y pequeños comercios puede llegar a ser de 7%.

“En Europa, eso vale 35 veces menos. Se facturan anualmente por medios de pago 9 billones y medio de colones, significa que si bajamos el costo 2 puntos, le bajamos 190 mil millones de colones anuales, equivalente a 25 mil bonos de vivienda y 20 presupuestos del Ministerio de Economía”, planteó el congresista.

Ambos defienden que la propuesta beneficiará a los consumidores, ya que las grandes y pequeñas empresas podrían reducir sus costos y precios con comisiones más bajas.

OBSERVE MÁS: ¿Qué pienso del Proyecto de Ley de Datáfonos?


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