Paula Ruiz
Más y nuevos impuestos así como una revisión de las cargas sociales pero sin afectar la sostenibilidad de la CCSS, estarían dentro de la propuesta que el Gobierno llevará al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito de $1.750 millones y que se presentará oficialmente este jueves a la 3:30 p. m.
El plan contemplaría impuestos, entre ellos:
- Sobretasa a los salarios superiores a los ¢840.000
- Aumento del 0,50% en el impuesto sobre bienes inmuebles
- Impuesto 0.03 a las transacciones bancarias
- Impuesto a los excedentes de las Cooperativas más grandes
- Sobretasa de entre 5 y 10 % a las corporaciones que están al 30%
- Gravar el salario escolar con el impuesto de renta
- Renta global
Además, la venta de BICSA y la Fábrica Nacional de Licores (FANAL). No se harán variaciones en el Impuesto del Valor Agregado (IVA), no se contemplará la renta mundial y se descarta el cobro de impuestos al Régimen de Zonas Francas, confirmaron fuentes confiables consultadas por El Observador.
Por su parte, el presidente Carlos Alvarado aseguró que la agenda adelantada en materia de impuestos se sumarán otros paralelos.
Durante su participación en el Congreso de Industriales, que no fue incluida en su agenda oficial, el mandatario dijo que “en la negociación con el Fondo no solo se hablará de temas relacionados a la parte fiscal sino también temas de competitividad”.
En conversación con el presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff y con el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, Alvarado presentó como “primicias” dos ejes adicionales:
- Energía: se buscará un cambio en el combustible, pasando al gas LPG sobre todo en materia de manufactura.
- Seguro Social: se revisará el costo de las mismas para asegurar la sostenibilidad de la CCSS pero al tiempo “que podemos aliviar temas de la contratación en cargas sociales”, aseveró.
En detalle
De acuerdo con la informaciones que han circulado, en la propuesta del Gobierno al FMI se contemplaría aumentar el impuesto de renta en salarios mayores a ¢840.000. Por ejemplo, hasta aquellas remuneraciones de ¢1.2 millones, ese tributo pasaría de 10% a 12% sobre el excedente. Los otros tramos salariales también se verían afectados, aunque se desconoce el detalle.
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El Poder Ejecutivo habría defendido que solo 340.000 trabajadores tienen salarios superiores a los ¢840.000.
Asimismo, estaría en la agenda un impuesto a los bienes inmuebles. Se trata de una ampliación del que ya se paga a las Municipalidades de 0.25% que aumentaría a 0.75%. Así las cosas, el 0.50% adicional iría a las arcas del Estado y en vez de ser una propuesta temporal, podría perdurar en el tiempo.
Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), aseguró que el presidente Alvarado reiteró lo expuesto el 14 de setiembre en Cartago, relacionado con el no aumento del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), sin despidos masivos en sector público, la venta de Bicsa y posible concesión de Fanal.
“Y otras que tienen que ver con impuesto de renta, revisión a escalonamiento que escucharemos mañana y la propuesta de renta global“, manifestó Chacón.
La diputada María Inés Solís del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), adelantó que este tributo a propiedades no son buenas ideas y por tanto, el Ejecutivo debería replantear las propuestas.
El salario escolar tendría sus días contados con exoneración porque también tendría que pagar impuestos.
Otro tributo sería el de renta global, que consiste en que los ingresos de una persona provenientes de diferentes fuentes se graven en un mismo gravamen pero sería hasta dentro de dos años cuando comenzarían a aplicar este impuesto, una vez que venzan las otras sobretasas propuestas.
El Gobierno tiene en la mira varios impuestos para las negociaciones con FMI.
Impuesto por transferencias
De prosperar esta iniciativa, cada vez que vaya al banco o haga un movimiento en sus cuentas podrían cobrarle ¢3 por cada ¢1.000 que retire o transfiera si se llega a aplicar un impuesto llamado “3 por mil” para las transacciones financieras.
Ese es otro de los planes que tendría el Gobierno para generar recursos frescos lo más pronto posible.
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El economista, Gerardo Corrales estimó que esta obligación podría generar aproximadamente $600 millones por año lo que equivale a aproximadamente un punto del PIB.
Corrales considera que una posibilidad sería que se introduzca un impuesto del 0,3% sobre los movimientos financieros por los primeros dos años que luego bajaría a 0,1% por un año. Además, podrían dejar exentas del impuesto a las cuentas de planillas y los retiros de efectivo en cajeros automáticos.
Fanal y Bicsa siguen contempladas como concesión y venta, respectivamente.
Instituciones en la mira
Sobre venta de activos, se mantiene el interés por vender el Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) podría ser concesionada.
Al respecto, Solís consideró que se debe pensar en activos de mayor valor “como por ejemplo telecomunicaciones del ICE, el INS o inclusive, el BCR”.
Así mismo, valorarían un análisis de órganos desconcentrados e instituciones con duplicidad de funciones para su fusión y cierre de una de las dos.
El 8 de mayo anterior, durante su informe de labores ante los diputados, Alvarado adelantó que su administración cerrará algunos órganos desconcentrados debido al impacto económico generado por la COVID-19.
En aquel entonces, no especificó cuáles serán ni tampoco sobre cuáles han realizado análisis; mucho menos especificó el ahorro que significará para las finanzas públicas. Y eso no ha cambiado hasta este miércoles.
Será hasta este jueves a la 3:30 p.m. cuando el Poder Ejecutivo presente oficialmente las propuestas.
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