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Nuevos impuestos representan 73% del ajuste en propuesta de Gobierno al FMI

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Tiempo de Lectura: 3 minutosEl Gobierno recurrirá a nuevos impuestos y a la eliminación de exoneraciones para lograr un 73% del ajuste fiscal que le presentará al Fondo Monetario Internacional (FMI), mientras que un 25% vendría de recortes o contención del gasto, según la propuesta presentada este jueves para los próximos cuatro años.

Otros 2 puntos porcentuales del ajuste se obtendrían de la venta de Fábrica Nacional de Licores (Fanal), Banco Internacional De Costa Rica (Bicsa) y tierras ociosas del estado.

La propuesta incluye un aumento temporal en los impuestos de renta sobre los salarios y las utilidades, así como un impuesto del 25% para los premios de lotería y la eliminación de exoneraciones a Caja de Ande, Seguros de Vida del Magisterio y algunas cooperativas que califiquen como grandes contribuyentes.

Sin embargo, la mayor parte de la nueva recaudación proviene del nuevo impuesto sobre las transacciones financieras tipo “tres por mil”. Al introducirse, se cobraría un impuesto de ¢3 por cada ¢1.000 en los retiros de las cuentas bancarias (cheques y cajeros automáticos), transferencias electrónicas o pagos de cuotas de préstamos.

OBSERVE MÁS: ¿Qué es el impuesto ‘3 por mil’ que podría figurar en la propuesta para el FMI?

Con solo este impuesto a las transacciones, el Gobierno pretender recaudar ¢1 billón, o alrededor del 3% del producto interno bruto (PIB) total del país durante el 2021, lo cual representa más de la mitad del ajuste entero para ese año.

Sin embargo, Carlos Alvarado, presidente de la República, consideró que otras medidas dentro de la propuesta lograrían un “balance”.

Por ejemplo, parte del nuevo impuesto sobre las transacciones se usará para reducir el pago de la carga sociales. Durante los primeros dos años en la que el impuesto será del 0,3%, la tercera parte de lo recaudado se destinaría al subsidio del 5% del salario que pagan los patronos para asignaciones familiares. El impuesto luego bajaría a 0,2% por dos años, durante los que el 50% se estaría destinando para ese fin.

“En la búsqueda del equilibrio, tenemos contempladas medidas para reducir el peso de las cargas sociales para estimular la creación de empleo, para devolver el IVA a la canasta básica a los más vulnerables y para abonar el equivalente a 6 por ciento del PIB a la deuda pública”, dijo Alvarado.

Ajuste en el 2021

El 2021 sería el año más recargado de impuestos al introducirse los nuevos tributos mientras que algunas medidas de recortes se aplicarían más adelante.

El Gobierno recaudaría ¢1,8 billones, o alrededor del 5% del PIB, y reduciría el gasto en solo ¢340 mil millones, o alrededor de un 0,95% del PIB. En total, los nuevos ingresos para el Gobierno representarían 84% del ajuste del 2021.

Este año también aumentaría del impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles en 0,50 punto porcentual, adicional a la tarifa del 0,25% que actualmente reciben las municipalidades.

El impuesto a las propiedades sería permanente y recaudaría alrededor de 0,56% del PIB por año.

OBSERVE MÁS: Sector empresarial reclama mayor reducción en gasto público y rechaza más impuestos

El país quiere acceder a un convenio de Servicio Ampliado (EFF por sus siglas en inglés) con el FMI, para el que tiene que proponer un programa fiscal que logre reducir la razón deuda/PIB al 50% para el año 2034.

Este año, la deuda pública cerraría en alrededor del 70%, según Elian Villegas, ministro de Hacienda.

A partir de la presentación de la propuesta este jueves, el Gobierno inicia un proceso de diálogo con los diputados y espera comenzar las negociaciones formales con el FMI durante la primera o segunda semana de octubre.

Gasto lleva menor ajuste

Durante los demás años del programa, la reducción del gasto cobraría importancia en especial por los recortes al presupuesto y la aplicación de la regla fiscal, así como la reforma al empleo público que proyectan que daría resultados empezando en el 2023.

También introducirían un proceso de movilidad voluntaria de funcionarios públicos para aproximadamente 7.000 personas.

Para que las personas se retiren, se requiere una inversión de ¢105.000 millones por lo que en el primer año, la medida más bien implica un costo neto de 0,02% del PIB. El ahorro empezaría a partir del segundo año, con un de 0,38%.

OBSERVE MÁS: Impuesto al salario escolar y salida de 7.000 empleados públicos destacan en anuncios de negociación con el FMI

En total, las medidas del gasto representaría solo 16% del ajuste en el 2021, pasando a 21% en el 2022, 28% en el 2023 y 33% en el 2024.

“Al final termina siendo proporcional, termina siendo un poco más del lado gasto si usted también le incluye el efecto de regla fiscal, pero al inicio va a ser mucho más importante por vía del ingreso, precisamente porque el gasto toma más tiempo”, consideró Villegas.

“Por ejemplo, el tema de la movilidad voluntaria, en el primer año más bien usted tiene un gasto pequeño, pero después usted ya empieza a tener una ganancia a partir del año dos. Entonces ahí es donde usted empieza a ver el efecto”, agregó.


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