La firma de la norma técnica sobre el aborto era un tema anunciado desde la campaña y que fue ratificado en las urnas.
Con esa idea, el presidente Carlos Alvarado reaccionó ante la amenaza de excomunión hecha por la Iglesia Católica tras la promulgación de la normativa la semana anterior.
“Yo propuse abiertamente que lo iba a hacer, lo incluí en la propuesta electoral y lo sometí al voto de los costarricenses. Nunca oculté las intenciones, más bien fui explícito”, dijo el mandatario.
Alvarado asegura que es católico y que comulga, pero alegó que las creencias personales deben separarse del quehacer político.
“Vale la pena recordar la división clara que tiene que haber en una sociedad entre las materias de la política y la esfera pública y las materias que son personales. Si tenemos una institucionalidad fuerte que defiende la pluralidad es para que en ámbito de lo personal cada quien pueda ejercer su libertad en su mejor entender”, sostuvo.
Además, indicó que los carteles y lazos a favor y en contra de la norma que han dejado en Casa Presidencial son una muestra de democracia.
Motivo de excomunión
El martes anterior la Conferencia Episcopal señaló, mediante un comunicado de prensa, que las personas que promuevan normas favorables al aborto o la eutanasia no podrán recibir la comunión.
Amparándose en su catecismo, la Iglesia señaló que ninguno de sus fieles puede apoyar el tema, darle su voto o ser parte de su aplicación.
“La doctrina canónica establece que matar al ovulo fecundado, al embrión o al feto dentro o fuera del útero materno constituye el delito canónico de aborto, independientemente si es o no viable a la vida fuera del útero materno”, dijo el presbítero Mauricio Granados, vocero de la Iglesia.
Según su explicación, la pena de excomunión por la interrupción del embarazo aplica a:
- La madre
- El autor del aborto
- Los coautores
- Los cómplices necesarios -donde entran las autoridades que promulgan la norma-
“Cada aborto es un delito en sí mismo, por lo que quien comete varios abortos incurre en pena de excomunión las veces que lo hubiere practicado”, agregó el cura.
Para levantar la sanción, según Granados, basta con que el feligrés confiese la acción y muestre su arrepiento para que cualquier sacerdote habilite su reincorporación plena a las actividades religiosas.
La norma de la polémica
La interrupción del embarazo cuando la vida o la salud de la madre se encuentren en riesgo fue habilitada por el Código Penal desde 1970.
La norma técnica para estandarizar su aplicación, sin embargo, quedó pendiente desde entonces y no fue sino hasta la semana anterior, cumpliendo una promesa de campaña, que el presidente Alvarado firmó el documento.
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El texto fue publicado finalmente en La Gaceta el martes de esta semana, lo que motivó la advertencia católica.
A la protesta se sumó la bancada evangélica de Nueva República, quienes interpusieron un recurso de amparo pues en su criterio la generación de ese tipo de normativa no es competencia del Poder Ejecutivo.