Paulo Villalobos
El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó un decreto la mañana de este martes con el fin de, literalmente, darle vuelta a las prioriadades de la Secretaría Técnica Ambiental, para privilegiar los permisos de obras para el desarrollo de obra pública.
Se trata de una especie de carril exclusivo, por donde se le daría tránsito a los proyectos de obra pública y de interés nacional, para evitar que entren en cola con proyectos que no son prioritarios o urgentes.
Para implementar esta “vía rápida” tramitaría los proyectos bajo la nomenclatura “D3”, pero no implica, sin embargo, la creación de un nuevo formulario.
Al sacar la obra pública y de bajo impacto de la cola de procedimientos de la institución, esta abocará sus esfuerzos para resolver los proyectos de mediano y gran impacto, con el fin de agilizar sus trámites, dijo esta mañana el presidente de la República, Carlos Alvarado.
El decreto ejecutivo firmado esta mañana reforma el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental.
Para darse una idea del impacto en la obra pública, solo el Ministerio de Educación Pública propone el 10% (300 de 3.000) de las obras que llegan anualmente al Setena, y el 8% al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
La promesa de los minutos
Alvarado prometió que el cambio hará que el trámite para las obras de pequeño impacto ambiental (que se tramitan bajo la categoría D2) a un registro ambiental pasen de tres meses a tan solo minutos, lo que beneficiaría, por ejemplo, la micro, pequeña y mediana empresa.
La viceministra de Gestión Ambiental, Celeste López, explicó que actualmente, ese tipo de iniciativas de bajo impacto, abarcan el 54% de los expedientes de la Secretaría.
Las disposiciones fueron anunciadas en el marco de lo que el Gobierno de la República ha denominado como “el mes de la reactivación económica”.
En ocasiones anteriores, diferentes voceros del Ejecutivo -entre ellos la ministra Edna Camacho en una entrevista con el diario La Nación- han indicado que los cambios en la Secretaría tienen que ver con una nueva normativa para construcción, una nueva regulación de la carta de disponibilidad de agua y la implementación de la plataforma Administrador de Proyectos de Construcción (APC).
La última estuvo a cargo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) en alianza con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah). El proyecto busca centralizar y digitalizar los trámites previos al desarrollo de infraestructura de 22 instituciones.
Como aliciente, el Ejecutivo resaltó que el año pasado la entidad tenía una presa de 900 proyectos, de los cuales ha resuelto 750.
Paulo Villalobos
