Christine Jenkins Tanzi
¿Por qué Costa Rica es un país caro? El diagnóstico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es que existe una falta competencia en el país por las barreras que representan los trámites y regulaciones gubernamentales.
Costa Rica está completando los últimos pasos para incorporarse a la OCDE este año, luego de recibir la invitación a ser el miembro número 38 del grupo. Este miércoles, la organización publicó el reporte Estudio Económico para el 2020 que se discutió como uno de los últimos pasos del proceso de adhesión.
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Álvaro Pereira, director de Estudios por País del Departamento de Economía de la OCDE, destacó que para abrir empresas Costa Rica tiene las regulaciones más estrictas entre los países de la OCDE. Pereira presentó las conclusiones del estudio durante una conferencia esta mañana en la que participó el presidente Carlos Alvarado.
Otros países latinoamericanos, como Chile, México y Colombia, tienen un desempeño significativamente mejor que el de Costa Rica en términos de regulaciones, según las estimaciones de la organización.
Las grandes barreras de entrada se deben a una combinación de sistemas de licencias y permisos largos y costosos así como cargas administrativas para las pequeñas empresas. Esto representa una carga mayor para las pymes, debido a su menor facturación, que para las empresas grandes.
“Las barreras de entrada protegen las actividades y empresas existentes en detrimento de la creación de empresas dinámicas y productivas empresas y de nuevos empleos. Esto obstaculiza la competencia, lo que a su vez crea rentas, reduce la proporción de los salarios en los sectores con actividades de valor agregado, y empeora la distribución de los ingresos”, según el reporte.
Específicamente, señalan que las distorsiones inducidas por la participación del estado son grandes en sectores clave, como electricidad, transporte, banca, seguros y productos derivados del petróleo, en que participan las empresas públicas.
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“Hay unas pocas empresas que dominan el mercado, entonces lo que pasa es que como hay poca competencia en el mercado, los precios son mucho más altos en Costa Rica que en otros países”, consideró Pereira durante la conferencia.
Estos factores se combinan para que unas pocas empresas dominan los mercados con competencia débil, llevando a precios altos de la leche, el arroz, los vehículos y los servicios públicos.
Problemas con arroz y empresas estatales
La competencia débil tiende a traducirse en precios relativamente altos de bienes para los consumidores y de insumos para las empresas, y han llevado a una categorización general de Costa Rica como “un país caro”, donde la canasta básica de bienes y servicios cuesta significativamente más que en los países vecinos, considera el estudio.
“Nosotros tenemos un cálculo impresionante que muestra claramente que por haber poca competencia, los hogares más vulnerables, los más pobres, son los que pagan la factura más onerosa. Entonces aumentar la competencia, simplificar la regulación y disminuir la carga regulatoria a las empresas y principalmente la burocracia es fundamental en los próximos años”, agregó el investigador Pereira.
Ante la ausencia de competencia, las empresas ganan poder de mercado y pueden obtener precios altos. En particular, el transporte, la manufactura, y la alimentación y el alojamiento se encuentran entre los sectores clave donde los indicadores de los márgenes son más altos, y más grandes que en los países de la OCDE.
“Ante la ausencia de competencia, el poder del mercado impulsa los precios por encima de los costos (…) Esto aumenta los ingresos de los deciles superiores y reduce el poder de consumo y el ahorro para el resto de la población. A largo plazo, esto ayuda a los deciles superiores a acumular riqueza y aumentar sus ingresos, mientras que a la vez es más difícil que los deciles inferiores acumulen ahorros“, considera el estudio.
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Los participantes establecidos, protegidos de la competencia, no tienen incentivos para impulsar la productividad con resultados sumamente ineficientes en términos de bienestar para el consumidor o inclusividad así como en términos de la productividad y el crecimiento económico.
Como ejemplo, la OCDE resalta la experiencia de Costa Rica en los sectores de telecomunicaciones y arroz. A partir de que el monopolio legal en el sector de las telecomunicaciones móviles fue derogado en 2011, entraron empresas nuevas que que resultaron en una gran expansión de los servicios con precios más bajos. Esto benefició en particular a las personas pobres.
“El sector del arroz está en el otro lado del espectro. El arroz es al mismo tiempo un artículo básico de la canasta alimentaria de la población en condición de pobreza, y el producto más protegido en Costa Rica”, considera el reporte.
El precio mínimo de referencia en el país se basa en un análisis de costos de producción nacional realizado por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), lo cual ha llevado a que los precios estén muy por encima de los precios internacionales, beneficiando a un pequeño grupo de grandes productores.
Los 19 grandes agricultores, que representan más de la mitad del arroz producido en Costa Rica, también se benefician de los cuotas de importación libres de aranceles, asignadas proporcionalmente a su capacidad de procesamiento.
“Todo esto sugiere que el entorno regulatorio actual en el mercado del arroz es regresivo y contribuye a una mayor pobreza y desigualdad de ingresos”, concluye.
Recomendaciones
La recomendación de la OCDE es eliminar gradualmente el resto de las exenciones a la regulación sobre competencia en cinco sectores: arroz, azúcar, café, servicios marítimos y servicios profesionales.
Señalan que el sector de azúcar todavía existe fijación de cuotas de producción y precios de venta, el arroz tiene importación de arroz en grano y distribución entre industriales y el café cuenta con fijación de porcentajes de ganancias para el beneficiario y el exportador. Mientras tanto, el transporte marítimo tiene acuerdos sobre tarifas y distribución de rutas entre competidores (conferencias marítimas) y en servicios profesionales exista una fijación de tarifas profesionales.
“En el caso del arroz y el azúcar, las exenciones restantes son regresivas, reducen el poder adquisitivo de las personas de bajos ingresos y obstaculizan los esfuerzos para reducir la pobreza en Costa Rica”, considera el estudio.
“El transporte marítimo es vital para Costa Rica como un medio para conectarse con los mercados internacionales. Impulsar la competencia en este sector beneficiaría especialmente a las empresas costarricenses que operan fuera de las zonas de libre comercio (…) Promover la competencia en los servicios profesionales, evitando la fijación de tarifas mínimas, tendría un efecto positivo en la economía general, ya que estos servicios son insumos clave para todas las empresas”, concluye.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía (MEIC) necesita acelerar drásticamente el proceso de simplificación de trámites. Por ejemplo, se reduciría considerablemente los costos para poner en marcha una empresa con la eliminación gradual del requisito de usar un notario que se encargue de redactar y autenticar las escrituras públicas y, una vez firmado por el empresario, presente las escrituras para que sean registradas.
“Otros requisitos administrativos para abrir una empresa son certificar que se está al día con todos los cargos del seguro social, hacer que la Dirección General de Tributación Directa certifique los libros de cuentas, solicitar el número de cédula jurídica, obtener pólizas para pensiones obligatorias y seguros civiles, o notificar a la oficina de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Estos son pasos administrativos que no se requieren en la mayoría de los países de la OCDE para abrir una empresa, especialmente si son de propiedad personal”, agrega.
Christine Jenkins Tanzi
