Juan Pablo Arias
Una reforma al empleo público, que permita al Estado costarricense poner un freno al crecimiento de los salarios, es una de las principales recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Según un análisis reciente del organismo, la pandemia de covid-19 ha exacerbado la vulnerabilidad fiscal de Costa Rica, lo que a su vez provoca a necesidad de aumentar la eficiencia del gasto público.
Dichas conclusiones son parte del informe “Hacia el crecimiento 2021” publicado esta semana.
En opinión de los expertos de la OCDE, cuando se dio la llegada del SARS-CoV-2 a Costa Rica, el país ya mostraba unas deterioradas finanzas públicas, con un gasto creciente mayor a los ingresos.
La solución a este problema -señala el informe- pasa por la simplificación del sistema de remuneración del empleo público y la introducción de incentivos basados en el desempeño, así como la centralización de la contratación pública.
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También recomiendan la eliminación o reducción de duplicidades en entes públicos y una mejor focalización del gasto social.
Estas propuestas son coherentes con el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, que se tramita en la Asamblea Legislativa y que es considerado por el Gobierno como un requisito indispensable para sanear las golpeadas finanzas públicas.
Coincidencia con el análisis
Diputados que integraron la Comisión que dictaminó los proyectos necesarios para ingresar a OCDE, coinciden con la entidad internacional sobre la necesidad de aprobar esta legislación.
Aunque si bien, coinciden en que no es el proyecto de ley perfecto, es un primer paso en la dirección correcta tanto para ordenar el Empleo Público como para acceder al préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“No podemos seguir con este desorden”, señaló el independiente Erick Rodríguez.
Con este criterio coincide el diputado Jonathan Prendas, quien consideró que el plan de empleo público vendrá a ordenar un Estado que creció desordenadamente con desigualdades.
“Y sobre todo con una gran distorsión con el resto de la economía y de la sociedad en si, así mismo creo que esta ley nos ayudaría para continuar con la reducción del tamaño del Estado, la eliminación de duplicidades de tramites, mejoras en los procesos y sobre todo impactar en una reducción considerable del gasto público”, consideró Prendas.
Por su parte, la liberacionista Ana Lucía Delgado, es del criterio de que no solo se debe de reducir, contener y controlar el gasto a través de iniciativas como la Ley de Empleo Público, sino que ese gasto sea de calidad.
“Esto significa que debemos establecer prioridades en la asignación de los escasos recursos, orientados hacia el gasto de capital, el mejoramiento de los servicios públicos y el desarrollo humano, así como la mejora en los servicios de los costarricenses”, destacó.
“Costa Rica requiere con urgencia reformas de carácter estructural que garanticen orden y eficiencia en el aparato estatal, siendo algunas de ellas el empleo y las compras públicas”, agregó Delgado.
En su criterio, una de esas iniciativas es la Ley General de Contratación Pública el cual podría generar ahorros por 1,55 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
El proyecto de Empleo Público aún no ha terminado su etapa de revisión de mociones de reiteración pese a que el Gobierno tenía presupuestado culminar el trámite este jueves.
Se intentó obtener una posición de la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, pero al cierre de esta edición no dio su posición sobre el tema.
Reorganizar gastos
Como ejemplo de erogaciones mal ejecutadas, la OCDE puso como ejemplo el gasto en educación como porcentaje del PIB, que es significativamente más alto que en las economías avanzadas, pero los resultados educativos siguen siendo bajos.
“Las tasas de deserción escolar son altas, especialmente entre los estudiantes de hogares desfavorecidos. Mejorar la calidad de la educación requiere actualizar los planes de estudio y mejorar la contratación, selección y formación de docentes”, recomendó el organismo.
Según la OCDE, reequilibrar el gasto en Educación hacia la educación infantil y secundaria, aumentar aún más el cuidado infantil asequible y fortalecer el apoyo para los estudiantes con mayores riesgos de deserción escolar mejoraría las oportunidades laborales para todos los estudiantes.
