Tomás Gómez
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) recomendó girar orden de detención contra los involucrados en el caso de la compra de tobilleras electrónicas. Consideró que tienen un perfil que les facilita tomar acciones que pueden afectar el proceso.
“Quedo ampliamente demostrado que los aquí involucrados cuentan con un patrimonio económico robusto que les permitiría salir del país sin ningún tipo de inconveniente para mantenerse oculto en razón de la trascendencia del asunto y las penas privativas de libertad que podrían enfrentar”.
Así lo concluye el informe 26-SADEF-CI-2020 de la Sección de Anticorrupción, Delitos Económicos y Financieros que investigó la contratación de las tobilleras entre el Ministerio de Justicia y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) del 2016.
Por ese proceso, se investigó a:
- Cecilia Sánchez: Exministra de Justicia
- Celso Gamboa: Exmagistrado e hijo de la exministra Sánchez
- Víctor Hugo Víquez: Exdiputado 2010-2014
- Allan Benavides: Gerente de la ESPH
- Manuel Delgado: Funcionario del Ministerio de Justicia
- Gerard Shalk van Andel: proveedor del servicio
- David Rothe: proveedor del servicio
“Se deja en evidencia la participación de cada uno de los involucrados y el rol que cumplió dentro de la conspiración llevada a cabo para el otorgamiento del proyecto”, cita el informe.
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“Si partimos del hecho de la forma en que utilizan figuras públicas o empleados públicos pra lograr sus objetivos, tendríamos un claro peligro de obstaculización, ya que los puestos que han ocupado como burócratas les permite tener algún grado de contacto con funcionarios activos a los cuales podrían acudir para destruir, modificar u ocultar elementos de prueba”, concluye.
La exministra de Justicia, Cecilia Sánchez, es parte de las figuras citadas por la investigación del OIJ pero no ha sido incluída en la causa por la Fiscalía (OIJ)
Fiscalía indaga a 5 por tobilleras
El caso de las tobilleras está bajo el expediente 18-000094-1218-PE, luego de la Fiscalía recibiera dos denuncias en 2018.
Las mismas trataban del modo de trabajo de la ESPH para contrataciones públicas y sobre las tobilleras en Justicia.
El proceso comenzó contra “ignorado” pero en las últimas semanas llegaron las primeras imputaciones.
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A la fecha han declarado el exmagistrado Gamboa, el exdiputado Víquez y el gerente Benavides. Además, se citó a los empresarios Rothe y van Andel.
Se intentó conocer si hay más investigados pero Fiscalía indicó que las identidades se revelan una vez rendida la declaración inicial.
El proyecto de las tobilleras iba a ser ejecutado con ayuda del BID pero finalmente el Ministerio de Justicia lo asumió con presupuesto propio (MJP)
Las revelaciones vía WhatApp
Como publicó El Observador hace 10 días, uno de los componentes más determinantes fue la revisión de los mensajes de WhatsApp del exdiputado Víquez.
El material decomisado en un allanamiento relacionado al “Cementazo” ha alimentado otras investigaciones, incluída la de las tobilleras.
Los hallazgos aparecen en el mismo informe del OIJ, donde que afirma que “se logró determinar que efectivamente existía una red como lo mencionó uno de los informantes, esta red de índole criminal”.
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Uno de los puntos analizados parte de que al momento de contratar las tobilleras, el Ministerio de Justicia estaba a cargo de Cecilia Sánchez, madre del entonces magistrado Celso Gamboa.
Ello habría sido aprovechado para generar puentes por el exdiputado Víquez e intentar establecer espacios.
