Tomás Gómez
El Gobierno publicó este jueves una carta enviada por Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de Naciones Unidas donde se pregunta a las autoridades de Costa Rica por el avance de la ley que legaliza el uso medicinal del cannabis y el industrial del cáñamo.
En el documento, fechado el 10 de enero pero hecho público hasta la tarde de este jueves, el organismo solicita información oficial sobre el proyecto de ley.
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Adicionalmente el organismo envió una directriz del 2014 que limita la producción, la fabricación y el comercio de estupefacientes a los fines médicos y científicos.
La carta fue pasada por la ministra de la Presidencia, Giannina Dinarte, y el vicecanciller Christian Guillermet a los diputados.
Más dudas sobre la posición de Gobierno ante el cannabis
Tras su aprobación definitiva, el proyecto de ley fue enviado el lunes a Casa Presidencial. A partir del martes corren 10 días para que el Ejecutivo lo vete y si no tendrá que darlo por aprobado.
El tiempo para pronunciarse vence el 31 de enero sin que haya claridad sobre su futuro.
Ministerios como Seguridad, Agricultura y más recientemente Salud se han mostrado críticos con la iniciativa.
El Gobierno insiste que está haciendo valoraciones del texto. Esto incluye, según dijeron “que las disposiciones estén dentro del marco de la legislación internacional en la materia, tal como la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas; el Convenio de Viena sobre Sustancias Psicotrópicas y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”.
Sin detallar la posición final ni aclarar si la carta la ONU los hace dudar del proyecto, la carta de la ministra Dinarte agrega que “desde octubre del año 2020 el Poder Ejecutivo había indicado a la Comisión Permanente Especial de Ambiente que el texto en discusión debía ser conforme con los instrumentos internacionales suscritos por el país; para evitar roces de constitucionalidad y legalidad”.
