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Operación Diamante: Abogados de detenidos piden separar a jueza a cargo del caso

Transcurridas más de 24 horas desde las detenciones por la denominada Operación Diamante los trámites judiciales avanzan muy lento y las…

Por Tomás Gómez

Tiempo de Lectura: 2 minutos
Operación Diamante: Abogados de detenidos piden separar a jueza a cargo del caso
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Transcurridas más de 24 horas desde las detenciones por la denominada Operación Diamante los trámites judiciales avanzan muy lento y las partes proyectan que el proceso podría extenderse al menos hasta finales de la semana.

Para este martes se convocó a la audiencia a las 10:30 de la mañana, pero fue hasta una hora después que los detenidos pasaron de las celdas del OIJ a la sala de juicio.

A esa tardanza se sumó la queja de varios imputados contra la jueza a cargo del caso. Los abogados pidieron que ella no participe por supuestamente ya haber estado en la etapa previa.

Las autoridades judiciales no detallaron quién es la funcionaria, pero extraoficialmente transcendió que es de apellido Jiménez.

Aunque la jurista rechazó los señalamientos, los defensores apelaron y será hasta la tarde que un juez superior vea el caso. Hasta entonces, comenzará formalmente la audiencia.

Más detalles

El primer paso en el Caso Diamante será la audiencia de medidas cautelares.

De momento las medidas que pedirá la Fiscalía se desconocen. Según dijo el Fiscal Anticorrupción Glen Calvo, las mismas se detallarán hasta después de la audiencia.

Además, el abogado Alfonso Ruiz, que representa a Johnny Araya detalló que les pidieron cancelar asuntos pendientes por el resto de la semana, por lo que se pronostica que los trámites se dilaten.

Ello implicará que la detención de todos los implicados, incluyendo los alcaldes, se prorrogárá por varios días.

De las detenciones a la audiencia

La llamada “Operación Diamante” explotó el lunes a primera hora con 40 allanamientos.

Estos incluyeron 8 municipalidades: San José, Alajuela, Cartago, Escazú, San Carlos, Golfito, Siquirres y Osa.

También se intervinieron casas de alcaldes y la oficina del Convenio MOPT-BID, además de recintos particulares.

Tras los allanamientos, se detuvieron a seis alcaldes, cinco funcionarios y otras dos personas implicadas.

De acuerdo con la Fiscalía, se investiga una organización criminal que opera en el sector de infraestructura vial cantonal.

Presuntamente, a cambio de dádivas o promesas de retribución, los funcionarios intervenían para generar beneficios indebidos.

Se indagan al menos 15 proyectos en todas las municipalidades. Estos incluyen parques, aceras y mantenimiento de vías.

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Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas.

A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos.

El caso se lleva bajo el expediente 20-009616-0042-PE por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.