Tomás Gómez
Los alcaldes imputados en la Operación Diamante ya lograron evitar la prisión preventiva. Sin embargo, aún hay un amplio menú dé medidas cautelares que se les podrían imponer.
La principal de ellas es quedar fuera de sus cargos por un período de 8 meses, según lo pide la Fiscalía.
Ese plazo se usaría para avanzar la investigación, pero la defensa de los alcaldes lo considera excesivo.
Precisamente en ello se han concentrado sus abogados en la audiencia que se desarrolla ante el Juzgado Penal de Hacienda.
La meta es terminar las exposiciones este jueves y que la jueza Juliana Jiménez se pronuncie inmediatamente.
Alcaldes defienden su arraigo
Aunque la meta primordial de los abogados es que no haya suspensiones, algunos esperan que al menos éstas sean por menos tiempo.
Así lo señaló por ejemplo la defensa del alcalde de San José, Johnny Araya.
El abogado Federico Campos señaló que el plazo pretendido es desmedido, por lo que esperarían que se acorte.
Campos también mostró su molestia por otras medidas que se piden contra los alcaldes como el impedimento de salida del país.
Según explicó, uno de los argumentos del Ministerio Público era que Araya sumaba al menos 30 viajes, pero muchos de estos son de trabajo ya sea como edil capitalino o miembro de entes internacionales.
15 obras comprometen a los alcaldes
La llamada “Operación Diamante” explotó el lunes a primera hora con 40 allanamientos.
Estos incluyeron 8 municipalidades: San José, Alajuela, Cartago, Escazú, San Carlos, Golfito, Siquirres y Osa. También se intervinieron casas de alcaldes y la oficina del Convenio MOPT-BID, además de recintos particulares.
De acuerdo con la Fiscalía, se investiga una organización criminal que opera en el sector de infraestructura vial cantonal.
Presuntamente, a cambio de dádivas o promesas de retribución, los funcionarios intervenían para generar beneficios indebidos.
Se indagan al menos 15 proyectos en todas las municipalidades. Estos incluyen parques, aceras y mantenimiento de vías.
OBSERVE MÁS: Operación Diamante: salen libres los seis alcaldes detenidos en megaoperativo del OIJ
Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas.
A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos.
El caso se lleva bajo el expediente 20-009616-0042-PE por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
