Tomás Gómez
Al ser la 1:45 p.m., la jueza Juliana Jiménez Alpízar dictó la finalización de la detención de los 6 alcaldes involucrados en la denominada Operación Diamante.
Se trata de:
- Johnny Araya, San José
- Humberto Soto, Alajuela
- Mario Redondo, Cartago
- Arnoldo Barahona, Escazú
- Alfredo Córdoba, San Carlos
- Alberto Cole, Osa
Junto a ellos saldrán también 5 funcionarios municipales, incluyendo a Gustavo Mayorga, presidente del Concejo Municipal de Golfito.
También quedó libre un hombre de apellido Cruz que labora para la empresa Explotec.
Mientras, otro de apellido Gutiérrez que trabaja en Meco, fue el único imputado que sí se mantendrá en prisión. Contra él, el Ministerio Público solicitó 8 meses de prisión preventiva.
A cada uno se le hará el trámite de liberación y posteriormente deberán regresar a la audiencia, ahora como personas libres.
El punto siguiente a discutir serán las otras medidas cautelares que se impondrán. Estas abarcan puntos como impedimento de salida del país o no acercarse al lugar de trabajo.
Para los alcaldes se pide además una suspensión de 8 meses, la cual los abogados anuncian que rechazarán.
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Libertad se pidió desde la mañana
Tras los allanamientos del lunes, los 13 detenidos de la Operación Diamante fueron pasados a los Tribunales de Goicoechea para su imputación.
El martes fueron puestos a la orden del Juzgado Penal de Hacienda para arrancar la audiencia de las medidas cautelares.
Inicialmente hubo un conflicto pues varias de las partes se oponían a que la jueza Juliana Jiménez llevara el proceso, sin embargo, los reclamos no prosperaron.
Para este miércoles por la mañana la Fiscalía terminó de exponer sus peticiones. Dado que no se pidió la prisión preventiva para la mayoría de los detenidos, el trámite avanzó más rápido.
15 obras comprometen a los alcaldes
La llamada “Operación Diamante” explotó el lunes a primera hora con 40 allanamientos.
Estos incluyeron 8 municipalidades: San José, Alajuela, Cartago, Escazú, San Carlos, Golfito, Siquirres y Osa. También se intervinieron casas de alcaldes y la oficina del Convenio MOPT-BID, además de recintos particulares.
De acuerdo con la Fiscalía, se investiga una organización criminal que opera en el sector de infraestructura vial cantonal.
Presuntamente, a cambio de dádivas o promesas de retribución, los funcionarios intervenían para generar beneficios indebidos.
Se indagan al menos 15 proyectos en todas las municipalidades. Estos incluyen parques, aceras y mantenimiento de vías.
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Se presume que los funcionarios públicos favorecían a las empresas ejerciendo controles de licitaciones para la adjudicación de contrataciones, pago adelantado de facturas e inicio anticipado de obras públicas.
A cambio, se sospecha que se dieron retribuciones ilegales, que incluyen dinero en efectivo, trabajos de construcción en viviendas de las personas involucradas y entrega de vehículos.
El caso se lleva bajo el expediente 20-009616-0042-PE por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y penalidad del corruptor.
