Tomás Gómez
El haber buscado datos socioeconómicos mediante los niños en las pruebas FARO tiene a la Ministra de Educación (MEP), Guiselle Cruz, a las puertas de la sanción política más grave del país: un voto de censura.
Aunque los diputados valoraban llamarla a comparecer, finalmente acordaron pedir su salida y avanzar con la censura.
El plan tiene el apoyo de Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Nueva República.
A ello se sumaron diputados independientes como Dragos Dolanescu y Erick Rodríguez, además de Walter Muñoz del PIN.
“Con los niños y las niñas no se juega. El MEP se tomó atribuciones que no le corresponden. Violentó la ley y fue incluso más allá que la infame agencia de espionaje UPAD.
“Esta es una muestra de que el Gobierno sigue intentando controlar la información sensible de los costarricenses, sin contar con el debido permiso”, explicó Jonathan Prendas, líder de Nueva República.
Pablo Heriberto Abarca, del PUSC, añadió que mantener en una clase a estudiantes de 11 años, durante más de cuatro horas, no corresponde con criterios pedagógicos adecuados.
“En qué cabeza cabe poner a los menores a responder 621 preguntas. A las autoridades de Educación se les olvidaron las leyes de protección de la niñez y de la información: ninguna persona está obligada a suministrar datos sensibles”, dijo.
Finalmente, María José Corrales, del PLN, señaló que “una vez más el Gobierno se toma atribuciones que no le competen con el manejo de datos sensibles.
“A la crisis del apagón educativo y a los problemas de fondo que viene arrastrando la educación costarricense, se suma ahora esta reprochable situación sobre la cual la ministra deberá dar las explicaciones que correspondan”, dijo.
Todas las jefaturas también están pidiendo de forma vehemente la renuncia de la viceministra académica y el Consejo Superior de Educación, como responsables directos de FARO.
Insistieron en que se trató de un “desastre” y que no es fácil creer que los datos sean eliminados.
El voto de censura se presentará este lunes a primera hora.
Que se devuelvan las pruebas
Diferentes bancadas también cuestionan cómo el Gobierno intentará eliminar los formularios.
“Esas pruebas deben ser devueltas a los padres de familia de inmediato. Nadie creen en ese cuento de la destrucción”, dijo Abarca. Él también señaló al presidente Carlos Alvarado como el encargado de orden la devolución.
Abarca ironizó además indicando cómo se hubiera comportado el PAC si hubieran estado en oposición.
“Para el PAC y el gobierno todo se resuelve en una frase ‘borrón y cuenta nueva’. Y no, lo que pasó con las pruebas FARO no se resuelve con una renuncia nada más. Nuestros niños y niñas se vieron expuestos ante una irresponsabilidad premeditada”, dijo en la misma línea la liberacionista Karine Niño.
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Mileydi Alvarado, de Restauración Nacional, consideró que son los exámenes FARO los que deben eliminarse como un todo.
“Considero que no es un error. Estas pruebas fueron medidas, revisadas y supervisadas y la ministra no está al margen de esta situación”, sostuvo.
Niños debieron decir hasta el material del techo de la casa
Las pruebas FARO de la semana anterior evaluaron español, matemática y ciencias, pero el viernes se sumó un polémico test donde se indagó sobre la situación de los menores y sus familias.
A eso se sumó una evaluación socioeconómica denominado “Cuestionario de Factores Asociados”. En ellos donde se pidió a los estudiantes dar datos de temas como:
- situación familiar y del hogar
- condiciones de la casa
- bienes materiales como electrodomésticos
Además de lo sensible de los datos, se reclamaron las condiciones que atravesaron los estudiantes, que tardaron hasta 4 horas en terminar las pruebas y llenar las hojas de respuestas.
En un primer momento la Viceministra del MEP, Melania Brenes, defendió la medida. Ella aseguró que los datos se cruzarían con las notas y culpó a la pandemia por el atraso de los niños al completar las pruebas.
Veinticuatro horas después y con una creciente ola de críticas, la jerarca Cruz apareció para anunciar que las pruebas serían destruidas.
“Hubo un error en su elaboración, pues se obvió que una prueba tan larga era inadecuada para ser aplicada a niños y niñas de 11 ó 12 años. Y que algunas preguntas no se formularon adecuada ni oportunamente”, dijo.
Ante el aluvión de críticas, la titular de Educación anunció que el Director de Gestión y Evaluación de la Calidad, Pablo Mena, como cabeza de este proyecto, “presentó su renuncia” este sábado 13 de noviembre.
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