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Organizaciones de consumidores se desmarcan de proyecto del PAC

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Las organizaciones de consumidores del país marcaron una distancia con el proyecto de ley del Partido Acción Ciudadana (PAC) que propone una reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

En la exposición de motivos la iniciativa plantea que la reforma fortalecería los derechos de los consumidores, empero, este argumento no termina de convencer a quienes se dedican cotidianamente a la defensa de los clientes y los usuarios.

“Es un proyecto redactado sin participación de las organizaciones de consumidores. O sea, no tiene nada de participación o acción ciudadana”, explicó Gilberto Campos, vicepresidente de la asociación Consumidores de Costa Rica.

La propuesta de reforma también ha causado alerta en el sector empresarial y es cuestionada por expertos en Consumo pues lejos de proponer mejoras crea más burocracia y da poderes a la Comisión Nacional del Consumidor que riñen con las potestades de los tribunales de justicia.

Una reforma “que no resuelve”

Para Adriana Rojas Rivero, presidenta de la Asociación Pro-Defensa de los Consumidores Financieros, la propuesta de ley no resuelve los problemas de fondo de los clientes y usuarios, aunque sí intenta enmendar algunos puntos. 

“Hay mejoras en el tema de acoso y hostigamiento, que se extiende a almacenes o financiadoras; en la definición de consumidor agrega a los pequeños empresarios”, comentó Rojas.

Hay otros temas que los incluye en la reforma, aunque ya existen: tal es el caso del derecho al olvido y el interés colectivo, dos áreas que ya cuentan con respaldo jurídico.

Pero hay otros contenidos que desentonan con las causas que defienden las organizaciones de consumidores y con los derechos de los ciudadanos.

“Este proyecto incluye una tasa global efectiva, que ni siquiera está definida. Esto no resuelve nada. También define una tasa de usura, pero la hace general; esto no puede ser así, porque el riesgo es diferente. La idea es una tasa razonable o proporcional a la deuda. Al consumidor en nada le va ayudar que quiebren las empresas que le prestan”, comentó la abogada especialista en consumo financiero.

También cuestionó la definición de los créditos revolutivos como deuda de 18 meses. “¿Cómo van a pagar en año y medio una deuda si muchos clientes tienen problemas para pagarlo en 5 años?, dijo.

Se queda corta

Otra de las debilidades de la reforma, es que da la potestad a la Comisión Nacional del Consumidor para declarar la nulidad de las cláusulas abusivas, pero no le permite solicitar la indemnización o el resarcimiento de daños. 

“Esto no tiene sentido. De nada le sirve al consumidor que declaren una cláusula abusiva, pero sin que pueda recibir una indemnización. Por ejemplo, ya Sutel tiene estas potestades”, comentó Rojas.

Tampoco obliga a las empresas a contar con una póliza de caución para las ventas a plazo, un requisito que considera urgente para evitar casos como los de Casas Vita, Residencias Málaga y Destinos TV.

“No me siento feliz con el proyecto. Hay cosas que mejoran, pero le falta.  Como fundadora de Aprodeco, yo estoy más tranquila con la ley actual, que con esta reforma”, aseveró.

Ley llena de controles

A las organizaciones también les preocupa que una mejora en las condiciones de los consumidores se convierta en una agresión al sector empresarial.

Juan Ricardo Fernández, presidente de la Asociación de Consumidores Libres (ACL), considera que el proyecto está cargado de controles que no representan mayores beneficios para los consumidores.

“Nosotros somos promotores de que exista más competencia; que el consumidor tenga más opciones. Creemos que el mercado y la competencia son los que mejor favorecen los derechos del consumidor”, comentó.

En su opinión, la propuesta desprecia el funcionamiento del mercado. “Ven al empresario como el explotador y abusador. Quieren tener control de todo y más fuerza para castigar a los empresarios. No se cree en la verdadera competencia y por eso el elevado proteccionismo”, indicó.

Este proyecto fue presentado en abril por el pleno de la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC).


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