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Organizaciones de consumidores señalan preocupación por más impuestos en acuerdo con el FMI

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Tiempo de Lectura: 3 minutosAsociaciones de consumidores y sectores productivos expresaron su rechazo e intranquilidad ante las intenciones del Gobierno de establecer más impuestos en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En el tema de impuestos, parte de lo que la administración Alvarado Quesada está proponiendo es:

  • Ajustes en impuesto de renta a salarios que superan los ¢840.000, a partir de ahí el impuesto arrancará en 12,5%, subiendo de forma escalanada hasta el 35% para quienes ganan más de ¢4,3 millones
  • Aumento del 0,50% en el impuesto sobre bienes inmuebles
  • Impuesto de 0,3% a las transacciones bancarias por próximos 2 años y después 0,2% por otros dos años
  • Impuesto de renta para grandes cooperativas, Caja de Ande y Salario Escolar.
  • Sobretasa de entre 5 y 10% a las corporaciones que están al 30%
  • Renta global a partir del 2023
  • Devolución del IVA en canasta básica a los sectores bajo línea de pobreza

“Los aumentos en los impuestos de renta, a las transacciones bancarias y a los bienes inmuebles, así como la aplicación de otros impuestos, sin un plan agresivo que reduzca el tamaño del Estado, tendrá el mismo efecto que echarle agua a un canasto”, señaló la organización Consumidores de Costa Rica.

Por su parte, Juan Ricardo Fernández, presidente de la Asociación de Consumidores Libres (ACL), señaló que continúan analizando las propuestas del Gobierno, pero que en un principio, visualizan que serán medidas que van a empobrecer aún más a los costarricenses.

“Está orientada a salvar, y mantener, el gasto público. No ayuda en nada a la reactivación económica y no aborda lo que se debió hacer hace tiempo: cerrar muchas instituciones que no tienen mérito de existir”, comentó Fernández.

Parte de los reclamos, además del aumento en cargas tributarias, son las pocas acciones dirigidas a reducir el gasto público y a reestructurar el tamaño del Estado.

“El paquete de medidas tendrá un impacto a largo plazo en las economías familiares, la recuperación de lo que el Gobierno les quite ahora será lenta y dolorosa, y no ayudará en nada si verdaderamente no se hacen reformas reales en la estructura y funcionamiento del Estado”, señaló Gilberto Campos, vicepresidente de Consumidores de Costa Rica.

En esta línea se pronunció también la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), desde donde expresaron que la propuesta para el FMI resulta desfavorable para el sector productivo.

“Es indudable que más impuestos provocarán una mayor ralentización de la actividad económica, aumentando el desempleo y profundizando la crisis social (…)”, señalaron desde la agrupación, presidida por el ingeniero Esteban Acón.

“No se debe perder de vista que la manera de combatir la pobreza es la generación de más y mejores empleos; y el 86% de los puestos de trabajo en Costa Rica son creados por el sector productivo privado, que es precisamente el blanco de muchos de los ajustes propuestos”, agregaron desde la CCC.

La Cámara, al igual que las asociaciones de consumidores, pidió al Gobierno un plan que contribuya a contener el gasto público

“No es viable que se cargue todo el peso del ajuste sobre las espaldas de los contribuyentes, ya que esto solo ocasionará mayor contracción económica mientras los recursos gubernamentales continúan despilfarrándose en sostener instituciones anacrónicas, duplicidad de funciones y privilegios para los empleados públicos”, manifestaron desde la Cámara Costarricense de la Construcción.

OBSERVE MÁS: Impuesto al salario escolar y salida de 7.000 empleados públicos destacan en anuncios de negociación con el FMI

Impuesto a transacciones financieras

Como parte de las medidas que el Gobierno incluyó dentro de la propuesta que se negociará con el FMI, está gravar por cuatro años las transacciones bancarias.

El impuesto sería de 0,3% a las transacciones por los próximos 2 años y después 0,2% por otros dos años.

Ante esto, Annabelle Ortega, directora de la Cámara de Bancos, señaló que el impuesto causa preocupación y debe analizarse en conjunto con otras medidas recientes como la ley de tasas de usura.

Según Ortega, dichas medidas pueden causar un retroceso de años en los esfuerzos por impulsar la bancarización a nivel nacional y provocaría exclusión financiera, así como el incremento en el uso de efectivo.

Adicionalmente, una de las principales preocupaciones del sector bancario es que el impuesto a las transacciones financieras aumentaría la informalidad.

La Oficina del Consumidor Financiero (OFC) también se pronunció con preocupación sobre la medida que se pretende negociar con el FMI; calificaron al impuesto como “cruel” para los consumidores.

“Es un gravamen ingrato, que se suma a la serie de impuestos que ya de por sí tiene que pagar la ciudadanía. Y si los consumidores no lo consideran un impuesto justo, lo que harán es moverse al efectivo, a mantener bolsas de billetes para pagar en la pulpería”, manifestó Danilo Montero, director general de la OCF.

Para Montero, a igual que lo señaló Ortega, la propuesta resulta contradictoria a los esfuerzos del país en materia de educación financiera y la bancarización de la población.

“Crear ahora un impuesto a esos movimientos es también una invitación a abandonar el sistema. No solo propicia los riesgos propios del manejo del efectivo, es que además afectaría el funcionamiento eficiente del sistema productivo, cuando más urge que los agentes económicos reactiven sus negocios”, destacó.


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Un viaje diario entre palabras, versiones, hechos y verdades. Una periodista en constante aprendizaje, con el sueño de ser bióloga marina y sumergirse en las historias más profundas del gigante acuático.

Paula Umaña
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