Confidencial, Nicaragua
El régimen de Daniel Ortega notificó a varios medios de comunicación –a través de varios rótulos en los inmuebles– que las propiedades ahora “pertenecen al Ministerio de Salud”.
La confiscación se da dos años después de la ocupación militar de la sala redacción de Confidencial, el canal 100% Noticias, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Además, del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) y la Fundación Popol Na.
Un hecho de facto que “oficializa su crimen” y envía “un mensaje nocivo” a la sociedad nicaragüense, según los afectados.
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“Estamos ante una “confiscación que está prohibida por la Constitución”, consideró Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana.
“En Nicaragua no hay ley, no hay Constitución, no hay Corte Suprema de Justicia” que valga, según Chamorro.
Al contrario, el régimen está reconociendo que “ellos asaltaron un medio de comunicación hace dos años y están admitiendo el crimen, admiten que han intentado matar a un medio de comunicación, pero nunca lo han podido callar”, expresó.
Prohibido
Aunque la Constitución Política de Nicaragua prohíbe la confiscación, el Director destacó que el régimen “nunca ha podido confiscar el periodismo y tampoco ha podido matar la verdad”.
“Los periodistas de Esta Semana y Confidencial seguiremos informando sobre las violaciones a los Derechos Humanos, y seguiremos fiscalizando la corrupción del régimen y demandando la restitución de las libertades”, declaró Chamorro.
El 13 de diciembre de 2018, la Policía asaltó sin orden judicial la redacción de Confidencial y Esta Semana.
Un día después, el atropello continuó con la ocupación permanente del edificio.
Desde entonces, Chamorro junto a los periodistas de este medio de comunicación han agotado todos los recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia para que ordene la suspensión de esta ocupación, sin obtener ninguna respuesta.
Después de casi dos años de negación de justicia, “Ortega decidió hoy por los magistrados de la Corte Suprema”, afirmó Chamorro.
Asimismo, el director de Confidencial estimó que además de oficializar la ocupación ilegal, el régimen está mostrando a la sociedad nicaragüense “que en Nicaragua no hay ley”.
Lo que Ortega quiere “es que se arrodillen los inversionistas, los empresarios, que se arrodille la sociedad civil, las iglesias, para aceptar la supresión de la libertades” e imponer una farsa electoral sin transparencia ni competencia política, subrayó.
?URGENTE| no nos sorprende que el regimen Ortega Murillo haya puesto rótulo en las afueras de las instalaciones del @cenidh, esto lo estábamos esperando, tardaron mucho en hacerlo, ya se habían robado nuestra propiedad desde el 13 de diciembre del 2018. pic.twitter.com/k4YIhZSUkS
— Cenidh (@cenidh) December 23, 2020
“Solo los rótulos les pertenecen”
El propietario de 100% Noticias, el periodista Miguel Mora, valoró que al oficializar la confiscación el régimen se está colocando “un cuchillo en el cuello”, porque este tipo de acciones “representan un mensaje nocivo” para los inversionistas y la sociedad en general.
Mora, quien fue encarcelado y cuyos bienes fueron ocupados el 21 de diciembre de 2018, aseguró que en el edificio de 100% Noticias “lo único que le pertenece a la dictadura es el rótulo”.
Esa propiedad “le pertenece a los periodistas de 100% Noticias y es un robo a mano armada porque ni siquiera es legal”, continuó el periodista haciendo referencia al artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua que prohíbe la confiscación de bienes.
Desde que el edificio de 100% Noticias fue tomado por la fuerza “no hemos recibido ninguna notificación judicial”, precisó Mora.
Sin embargo, los propietarios del inmueble “interpusimos un Recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia que no ha fallado”.
“Interpusimos una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( junto con Confidencial y otros medios de comunicación por este tipo de robo”, para que sea tramitada en la Corte Interamericana de Justicia”, precisó el comunicador.
A juicio del propietario de 100% Noticias la ocupación de ese medio de comunicación “es un robo” por parte del Gobierno de Ortega.
“Porque para ser una confiscación primero tendría que estar en la legislación y eso está literalmente prohibido”, declaró Mora.
Por otro lado, si se tratara de vicios de legalidad “tendría que haber un documento, algún juicio para quitarte tu propiedad”, explicó Mora.
Los carteles colocados en 100% Noticias y Cisas indican que en esos lugares se construirán centros de atención para personas con adicción de alcoholismo y/o drogadicción.
Mientras el rótulo colocado en Confidencial indica que ahí se construirá la casa materna del Distrito I y en el del Cenidh, la casa materna del Distrito III.
En las instalaciones de Popol Na colocaron un rótulo que afirma ahí se construirá el Centro Nacional de Diabetología.
“En Nicaragua no hay ley”
Para Ana Quirós, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), la confiscación definitiva de esa ONG “es una muestra más de que en Nicaragua no existe el derecho a asociarse” Tampoco “el derecho a trabajar, el derecho a defender derechos, el derecho a la propiedad, todos protegidos por la Constitución Política, las leyes y los distintos instrumentos internacionales que Nicaragua ha ratificado”.
Los miembros de la ONG introdujeron los recursos correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia, desde que la personería jurídica fue cancelada en diciembre de 2018.
Hasta el día de hoy no han recibido respuesta alguna. “Con estos hechos se demuestra que el régimen no tiene ningún respeto por las leyes ni los derechos”, continuó Quirós.
También la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, enfatizó que “aquí lo que hay es un vulgar asalto, una vulgar usurpación del dominio privado”.
“El régimen de Ortega no podrá destruir a ese organismo porque “el Cenidh no son sus instalaciones, el Cenidh somos todos los que seguimos luchando porque un día Nicaragua sea libre”, continuó Núñez.
¿Por qué lo hizo?
El presidente Daniel Ortega, jefe supremo de la Policía, nunca se ha atrevido a explicar por qué ordenó cerrar Confidencial por la fuerza.
Sin embargo, en un informe enviado a la Corte Suprema de Justicia en febrero de 2019, el primer comisionado Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional, prácticamente admitió que no tenía ninguna facultad legal para ocupar las empresas de medios de comunicación Invermedia-Confidencial y Promedia-Esta Semana.
En ese documento oficial, Díaz alega que en diciembre de 2018 la Policía recibió una solicitud del Ministerio de Gobernación para auxiliarle en la incautación de los bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), que fue despojada de su personería jurídica el 12 de diciembre de 2018.
Pero lo que hizo la Policía, no fue intervenir la ONG, sino asaltar y ocupar dos medios de comunicación y una tercera empresa, Cabal —una consultoría de servicios ambientales—, que están inscritas en el Registro Mercantil y no tienen ninguna relación con la mencionada ONG.
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