Paula Ruiz
“Hay un proceso penal abierto donde figuro como imputado, me abstengo de dar respuesta a su pregunta”.
La declaración anterior corresponde a Luis Salazar, quien fuera parte del Grupo de Asesoría Legal (GAL) que autorizó el Decreto Ejecutivo para crear la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), donde además buscaba autorizarles a acceder a información confidencial de la población.
“Por recomendación de mi abogado, me abstengo de dar respuesta”, señaló reiteradamente esta tarde, ante los diputados quienes mantienen una investigación política por la UPAD.
Con esta postura, Salazar se suma a Daniel Soto, exviceministro de Planificación y Felly Salas, exjefa de despacho del mandatario Carlos Alvarado. Ellos se abstuvieron de responder a las preguntas de los congresistas, poniendo como escudo la investigación judicial.
Lo único que respondió Salazar fue que se incorporó al Colegio de Abogados en el 2017, pero inició funciones de asistente legal en Casa Presidencial.
De igual forma, aclaró que él se está haciendo cargo del pago a su abogado.
Salazar renunció a su cargo de asesor el pasado 27 de febrero, siendo el primer implicado en la UPAD en dejar su cargo. Eso sí, se mantuvo como comisionado presidencial para Asuntos de la Población LGTBIQ+ (Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, Intersex, Queer).
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Preguntas sin respuesta
Dentro de las consultas realizadas por congresistas son:
- ¿Cuál es su relación con Carlos Alvarado?
- ¿Conoce a Felly Salas y Camilo Saldarriaga (mano derecha de Alvarado)?
- ¿Revisó solo o en compañía el Decreto Ejecutivo?
- ¿Conoce la Ley de Protección de Datos?
- ¿Remitió el Decreto al Departamento de Leyes y Decretos?
- ¿De quién recibió la orden de elaborar este Decreto? ¿Fue iniciativa propia o una orden del presidente de la República?
- ¿A quién respondía por su trabajo: a Felly Salas, a Juan Alfaro (encargado de la GAL) o al presidente de la República?
Ante la falta de respuestas, la diputada verdiblanca Ana Lucía Delgado le hizo ver que varias personas lo señalaron como el responsable legal del decreto, debido a su función de dar el visto bueno a este tipo de documentos, así como de convenios y acuerdos que fueran a ser firmados por el mandatario.
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Tanto Delgado como el independiente Jonathan Prendas le recordaron que Víctor Morales, exministro de la Presidencia, calificó como una “torpeza política” la firma del decreto.
“¿Es usted un abogado torpe? ¿Coincide con Victor Morales?”, cuestionaron los congresistas.
El escándalo de la UPAD estalló el 21 de febrero anterior, cuando se dio a conocer que el Gobierno pretendía acceder a datos confidenciales.
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Posteriormente, salió a la luz, que el equipo de datos pidió accesos a información privada en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y en el Centro de Información Crediticia (CIC) a cargo de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Por este caso, Salazar fue el primero en dejar su cargo, aunque se mantiene ad honorem en Casa Presidencial como comisionado LGBTI.
También renunciaron: Juan Alfaro como viceministro de Hacienda; Daniel Soto, al viceministerio de Planificación; Victor Morales, del Ministerio de la Presidencia y Diego Fernández, coordinador de la UPAD.
Pese a los cuestionamientos, Alvarado indicó que mantiene dentro de la función pública a Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos, quienes completaban el equipo de datos. De hecho anunció que los colocará en otras instituciones.
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