Paula Ruiz
El Partido Acción Ciudadana (PAC) aún no reserva ni un colón para pagar la condena por estafa en perjuicio del Estado, a casi tres años de la sentencia anunciada en diciembre del 2016.
Los rojiamarillos están a la espera de que culmine el proceso judicial para saber finalmente cuánto deberán de pagar.
Anthony Cascante, secretario general del PAC, recordó que la Sala Tercera notificó a la agrupación para devolver a juicio el punto del monto por pagar.
Inicialmente la agrupación había sido condenada a pagar ¢353 millones, al tenerse en consideración la estafa mediante 179 contratos por servicios profesionales. Sin embargo se revaloró a ¢516 millones, al contemplar que realmente fueron 263 casos.
Debido a la espera, el monto asciende a más de ¢800 millones por concepto de intereses y montos.
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Golpe financiero
El jerarca del PAC reconoció que cualquier monto es un golpe financiero para la agrupación. Por lo tanto esperarán el momento de la sentencia para saber finalmente cuánto tendrán que pagar.
“No tenemos la plata guardada, eso no es cierto”” destacó Cascante.
Sobre cómo afrontarán el pago, el secretario general dijo que no pueden adelantarse a algo que aún no es seguro. Aseguró que están anuentes a un arreglo de pago o bien, tener que optar por un préstamo.
“Por ahora, estamos dedicados a las elecciones municipales y agotando las vías judiciales”, respondió a El Observador, tras el lanzamiento oficial de la campaña.
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Días de tensión y críticas por la “ética PAC”
Los rojiamarillos están bajo fuego, por recientes comparecencias en la Asamblea Legislativa, en la comisión especial que investiga las campañas electorales del 2002, 2006 y 2010. El PAC enfrenta críticas, principalmente por la estafa que realizó al Estado durante la campaña presidencial de 2010, con Ottón Solís como candidato.
Los señalamientos provienen de diputados de oposición, quienes criticaron a Margarita Bolaños, exsecretaria general del PAC, por abstenerse de declarar en la Comisión Especial que investiga el financiamiento de la agrupación durante 2006 y 2010.
A ello se le suman las declaraciones de exdirigentes del PAC, quienes confirmaron firmas falsas en los contratos de 2010 que conllevaron a la estafa. “Bajo secreto profesional una oficinista me dijo que la ponían a falsificar firmas”, dijo Jeannette Román, quien fuera militante del partido de Gobierno y tesorera en San José durante las campañas con irregularidades.
Aunado a eso, los congresistas señalaron al PAC por obstruir el trabajo de la Comisión. Los opositores aseguran que la agrupación no proporcionó información a tiempo para contactar a extrabajadores quienes estuvieron durante pasadas campañas electorales.
