Hermes Solano
Horas después de que concluyera el debate del juicio de reenvío en el que se definirá si el Partido Acción Ciudadana estafó al Estado con 82 contratos de servicios especiales durante la campaña de 2010, la agrupación anunció el arreglo de pago para cancelar el monto de otra sentencia de 2016.
Este arreglo se da sobre los casi ¢353 millones de condena de los 179 contratos falsos, encontrados así por el Tribunal hace 5 años.
Dicho monto, sumado a los ¢230 millones por intereses y los ¢44 millones por costas procesales, será lo que la agrupación política pague en cinco tractos en los próximos 2,5 años.
Otro juicio
El pago de los más de ¢627 millones -monto que crecerá debido a los intereses- no tiene nada que ver con lo que se está juzgando en este momento.
El nuevo proceso se concentró en los contratos que quedaron por fuera de la condena y que la Procuraduría General de la República (PGR) considera que también le generaron un daño patrimonial al Estado.
Tras iniciarse el debate el 1 de julio, tanto los representantes de la PGR, el procurador Rándall Aguirre, como del PAC, el abogado Erick Gatgens, dieron sus conclusiones y ahora se está a la espera de la sentencia.
Será el próximo jueves 15 de julio a las 3 p.m. cuando el Tribunal dé a conocer la decisión; es decir, si condena al partido o declara sin lugar la petitoria de la Procuraduría.
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Más de ¢280 millones
En caso de que el Tribunal presidido por la jueza Nancy Marín y los jueces Paul Fuentes y Pedro Ramírez condene al PAC, la agrupación política estaría pagando alrededor de ¢284 millones más.
La PGR pidió casi ¢160 millones por estafar al Estado en 82 contratos de servicios especiales falsos y a eso se le sumarían ¢21 millones de costas procesales e intereses, que, según Aguirre, van por ¢103 millones desde el día que se concretó la comisión del delito, en diciembre de 2010.
De declararse culpable, el PAC deberá sumar este monto a los más de ¢627 millones que pagará en los próximos dos años y medio.
“Confiamos en que el Tribunal haga un análisis de la prueba, que haga una lectura completa de la sentencia de la Sala III y una lectura del voto del Tribunal de Apelación de 2020”, dijo Aguirre, confiando en que se condenará al partido de gobierno.
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Erick Gatgens, abogado del PAC.
Mesurado
El abogado de la agrupación política se mostró satisfecho tras exponer sus conclusiones este jueves; sin embargo, se mostró mesurado respecto a lo que pueda definir el Tribunal.
“Siempre que uno termina un debate se debe mantener una posición mesurada porque siempre hay un factor de indeterminación”, dijo Gatgens.
Eso sí, el defensor considera que sus argumentos fueron bastante contundentes para enfatizar en que ya los 82 contratos son cosa juzgada y fueron absueltos en el juicio que terminó en 2016.
“El Tribunal, en mi criterio, debería de rechazar la petición de la PGR”, indicó.
En caso de que se resolviera a favor del Estado, Gatgens solicitó que los intereses de la nueva condena comiencen a correr una vez haya firmeza en la sentencia y no como lo pidió la Procuraduría, que se cobren desde 2010.
