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PAC propone reforma que perjudica a comercios, bancos y consumidores

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Una reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, propuesta por el Partido Acción Ciudadana (PAC), provoca suspicacia y preocupación no solo en el sector empresarial, sino en los expertos en materia de protección a los clientes y usuarios.

Con el expediente 21.369 se tramita un proyecto de ley que da mayor independencia y recursos a la Comisión Nacional del Consumidor, pero que también le crea una serie de “súper poderes” que compiten con las potestades que ya tienen los tribunales y que en su ejecución podrían perjudicar a comercios y bancos, así como encarecer los bienes y servicios para los consumidores.

La propuesta impone mecanismos de negociación, aumento de plazos sin fundamento técnico, nuevas reglas para los comercios y los bancos, así como la creación solapada de instrumentos polémicos como la tasa de usura, que ya se discute en otra iniciativa legislativa. 

También incrementa las multas, limita la defensa de las empresas e insiste en prohibir las promociones en productos regulados como el arroz, una práctica que han defendido ampliamente las asociaciones de consumidores.

Abordaje inconveniente

El proyecto de reforma tiene como propósito ampliar la protección a los consumidores frente a medidas arbitrarias de las empresas, sin embargo, expertos consultados por El Observador coinciden en que el abordaje es inconveniente desde el punto de vista legal. 

Para la abogada María del Mar Herrera, especialista en Derecho del Consumidor y Comercio Electrónico de la firma EY Legal, hay una serie de cambios que resultan onerosos para los comercios sin que se justifiquen técnicamente en beneficio del consumidor y que incluso golpean la estructura de costos de las empresas. 

“Por ejemplo, se amplía el plazo de la garantía de 30 días a 6 meses en forma indiscriminada y sin tomar en cuenta el tipo de producto.  También permite la clausura del establecimiento o suspensión del servicio comercial por un periodo”, comentó. 

Otra de las nomas que enciende alertas es que se prohíbe incluir “cláusulas abusivas” en los contratos con los consumidores, pero la interpretación sobre qué es abusivo queda a discreción de la Comisión Nacional del Consumidor. “En la actualidad la determinación de qué es abusivo corresponde únicamente a los Tribunales”, añadió Herrera.

El proyecto preocupa al sector comercial, que atraviesa por una etapa de bajo crecimiento. (Archivo/El Observador)

Encarece productos al consumidor 

La reforma también incluye cláusulas que terminan por encarecer los productos y servicios para el consumidor, lejos de beneficiarlo.

Tal es el caso del derecho de retracto por 14 días que aplicaría ya no sólo para ventas a domicilio, como lo establece la legislación civil, sino a cualquier compra por cualquier medio. Este derecho consiste en la posibilidad de devolver los productos si no resultan tal y como se esperaban o fueron prometidos.

“Actualmente el derecho al retracto aplica solo cuando las compras son hechas a distancia, porque el consumidor no las puede revisar. Pero la reforma lo amplía a todo; esto quiere decir que una vez que se compra algo la venta no queda en firme. Esto encarece los costos de transacción, todo se vuelve más caro y afecta al consumidor”, explicó el abogado Uri Weinstock, experto en Protección al Consumidor de la firma BLP.

Esto se suma a la cláusula que da la posibilidad al consumidor de elegir ante una falla si el comercio le devuelve el dinero del producto, o si la empresa lo repara, como lo protege la legislación actual. 

Los especialistas señalan que al ampliar el derecho al retracto y la posibilidad de elegir que no se reparen los productos dañados, las empresas tendrían que cambiar su modelo de gestión de inventarios y buscar una salida o solución para los productos que fueron devueltos, lo que encarece los costos de operación y finalmente se traslada a los precios que pagan los clientes.

La iniciativa también crea la obligación de financiar proyectos de educación financiera con un aporte de $1 por cada tarjeta de débito o crédito emitida. Si se aprobara este canon hoy, esto se traduce en un costo para los emisores de tarjetas de $3 milllones (¢1.800 millones) que deberán trasladar en costos a sus clientes.

“Me parece que este proyecto toma muchos temas de manera ligera e inconveniente”, indicó Weinstock.

Por cada tarjeta que emitan los bancos deberán pagar $1 para educación financiera. Esto podría encarecer los servicios. (Archivo/ El Observador)

No moderniza la legislación actual

Tanto Herrera como Weinstock coinciden en que la propuesta de reforma no moderniza la legislación, sino que fuerza aplicación de criterios que no necesariamente se justifican.

“En materia de comercio electrónico, en lugar de una buena reforma, se extienden derechos sin tomar en cuenta las particularidades de operar en las nuevas plataformas, ni toma en cuenta a las redes sociales o el uso de aplicaciones (app). Solo introduce un par de artículos que no resuelven problemas”, dijo el experto.

También, la ley normaría la manera de llevar a cabo el negocio las tarjetas. Al obligar a las empresas financieras o bancos a ser adquirientes de una o más marcas, sin analizar sus costos o los cambios que puedan darse en el futuro en la transformación del negocio.

Instrumento cuestionado

El proyecto insiste en la creación de una tasa de usura, un tope o “tasa de interés máxima” que no puede sobrepasarse cuando se emite un producto crediticio: desde un préstamo bancario, hasta tarjetas de crédito o financiamientos a plazo. Cualquier operación con una tasa superior se consideraría excesiva o abusiva.

Esta medida, sin embargo, ha sido fuertemente cuestionada porque la implementación de un límite de este tipo podría traducirse en exclusión financiera y proliferación de un mercado negro de préstamos.

Inclusive, en  enero pasado, el presidente del Banco Central, Rodrigo Cubero, advirtió a los diputados sobre los riesgos que se corren con una tasa máxima, si esta no fuese bien calculada o “calibrada”, más aún ante la falta de información sobre prestamistas no regulados. 

En contraste a la idea de la tasa de usura, ya se tramita otro proyecto de ley que más bien aboga por un registro de deudas, para evitar el sobreendeudamiento de los consumidores.

Golpe al sector empresarial

La iniciativa del PAC también amplía las multas de 40 a 60 salarios mínimos, sin una justificación. 

Además, se autoriza a la Comisión Nacional del Consumidor a interponer medidas cautelares como “destrucción, inmovilización y decomiso de bienes”, así como la suspensión de servicios o clausura temporal de establecimientos, sin que medie un debido proceso.   

“Si se revisan las estadísticas de votos sancionatorios de la Comisión del Consumidor, es claro que los infractores casi siempre operan en el sector informal y algunas ‘ovejas negras’ que ya se pueden sancionar con la ley actual, por lo que este endurecimiento de sanciones es injustificado”, comentó Herrera, de EY Legal.

Ante este panorama, el sector comercial se siente agredido por la propuesta de la fracción legislativa del PAC, en momentos que la actividad ha registrado destrucción de empleos y bajo crecimiento.

“Es un proyecto mal enfocado y lleno de vicios ideológicos, que de nada ayuda a los consumidores. Es otro proyecto de persecución empresarial”, indicó Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio. 

El proyecto está en la corriente legislativa desde el pasado 29 de abril, sin embargo todavía no tiene una Comisión Legislativa asignada. La lista de diputados proponentes la encabeza el exministro de Economía Welmer Ramos. 


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